Foto: Archivo
EFE
La denuncia que países como Colombia, Chile y Argentina preparan contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI)
puede provocar que Caracas presenta ante el mismo tribunal una
contrademanda por supuestos crímenes cometidos en los Estados
demandantes, dijo a Efe una fuente diplomática.
Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú están coordinándose para entregar la denuncia, que tendría como base un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA)
en el que se recogen supuestos episodios de represión contra la
oposición venezolana desde la elección de Nicolás Maduro a la
presidencia, en 2013.
La demanda conjunta, inédita en los
dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del
Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los
Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad cometidos en terceros
países.
La Fiscalía de la CPI ya abrió, por iniciativa propia,
un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la
eventual apertura de una investigación formal.
Por esta razón,
las embajadas en La Haya de tres de los países que preparan la denuncia
conjunta "no ven claro el impacto" que esta tendría en el procedimiento
judicial, explicó la fuente consultada.
De salir adelante esa denuncia común, Caracas
tiene la posibilidad de "actuar en represalia" y recurrir al mismo
artículo 14 del Estatuto de Roma para remitir ante la CPI supuestos
crímenes de lesa humanidad cometidos en países demandantes, añadió la
fuente.
En el caso de Colombia, Venezuela puede referirse al conflicto entre el Estado y la guerrilla de las FARC, ya que la propia Fiscalía del tribunal internacional abrió un examen preliminar por este asunto en 2004.
Otro país que podría verse afectado es Chile, advirtió la fuente, pues
el Comité contra la Tortura de la ONU ha llamado la atención a sus
autoridades por episodios de violencia contra miembros del pueblo
mapuche.
En un informe de agosto de 2018, este comité manifestó
su preocupación por "informaciones coincidentes en las que se denuncian
abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de
allanamientos o redadas en sus comunidades y actos de violencia sexual
policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles".
Las embajadas en La Haya
que no ven con buenos ojos la demanda colectiva prefieren esperar a la
publicación de un informe, que se espera para dentro de unos tres meses,
en el que se darán detalles sobre los exámenes preliminares abiertos
por la Fiscalía, entre ellos el de Venezuela.
Los exámenes
preliminares analizan asuntos como la complementariedad del caso
(comprobar si la justicia nacional ha investigado realmente los hechos
denunciados), su gravedad o si los delitos entran en su jurisdicción.
La embajada de Venezuela en La Haya, enlace de Caracas ante la CPI,
declinó comentar su eventual respuesta en caso de que sus vecinos sigan
adelante con la demanda colectiva.
En cualquier caso, ni la
denuncia conjunta ni la posible réplica de Caracas abriría
automáticamente una investigación plena por parte de la CPI.
Ese
paso depende de la Fiscalía del tribunal internacional, al frente de la
cual está la jurista Fatou Bensouda y que actúa de manera
independiente.
Lo único que cambiaría la activación del artículo
14 es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los
requisitos para iniciar investigaciones formales, podría hacerlo
directamente sin pedir autorización a una Sala de Cuestiones
Preliminares.
En caso de que no existieran denuncias directas de
los Estados parte, la Fiscalía estaría obligada a solicitar antes un
permiso a los jueces. |
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