En medio de temores de golpes de
estado y planes de asesinato, el gobierno venezolano ha estado
deteniendo y torturando a personal militar y sus familiares, indica un
nuevo informe. El aumento de los abusos contra las fuerzas armadas —uno
de los pilares de la supervivencia política del presidente Nicolás
Maduro— subraya los retos que enfrenta en momentos que comienza un nuevo
mandato de seis años el jueves.
El informe, publicado el miércoles y generado por Human Rights Watch y Foro Penal, una organización venezolana, documenta casi tres docenas de casos en que oficiales militares, familiares, cónyuges o conocidos han sido detenidos arbitrariamente y con frecuencia torturados en una respuesta del gobierno a sospechas de intentonas golpistas.
En la mayoría de los casos, a los detenidos los arrestaron sin orden judicial, los mantuvieron aislados y los golpearon y les racionaron los alimentos, indica el informe.
“El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a militares acusados de oponérsele”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los agentes de inteligencia no solamente detienen y torturan a militares, sino que en algunos casos también toman medidas contra sus familiares y otros civiles cuando no pueden encontrar sospechosos”.
Maduro, quien está en el poder desde el 2013, advierte con frecuencia de planes de asesinato o intentonas golpistas en su contra. El mes pasado, dijo que casi 800 “mercenarios” se entrenaban en el norte de Colombia para derrocar su gobierno, acusación que Colombia ha rechazado. Aunque presenta muchas de las alegaciones con pocas o ninguna prueba, parece que ha habido intentos genuinos contra su vida. En agosto, durante un desfile militar, un dron con explosivos detonó cerca de la tribuna donde estaba Maduro. Y en el 2017, el policía Óscar Pérez trató de organizar un alzamiento antes que lo mataran —según algunos fue ejecutado— en enero del 2018.
Muchos de los casos de abuso documentados por Human Rights Watch y el Foro Penal tienen relación con Oswaldo García Palomo, un coronel venezolano acusado de conspirar contra el gobierno desde la vecina Colombia.
En un caso, el 19 de mayo del 2018, hombres armados llegaron a casa de la sargento Emmy Mirella Da Costa Venegas, a quien acusaron de estar en contacto con Palomo. Al no encontrarla, detuvieron a su pareja, José Alberto Marulanda Bedoya, un cirujano de 53 años. Cinco días después, Marulanda Bedoya fue presentado ante un tribunal militar y acusado de traición, instigar una rebelión y participar en una confabulación.
Marulanda y sus abogados dicen
que el hombre es inocente y que fue torturado para que revelara dónde
estaba su pareja. Marulanda dice que funcionarios del gobierno lo
golpearon en la espalda y el estómago, trataron de asfixiarlo con una
bolsa plástica y le golpearon la planta de los pies con una barra de
metal. Dice que lo golpearon tan fuerte en la cabeza que perdió el
sentido del oído de un lado.
Su audiencia preliminar —donde lo normal es que se presenten las pruebas— se pospuso seis veces porque los guardias se negaron a llevarlo al tribunal. La audiencia finalmente se realizó en diciembre, pero Marulanda sigue preso esperando juicio.
Otros detenidos —entre ellos oficiales militares— dijeron que le habían cortado los pies con cuchillas, estuvieron varios días sin alimentos y los obligaron a tomar agua de un inodoro.
Nadie contestó a llamadas al Ministerio de Comunicaciones para pedir declaraciones.
Los abusos contra personal militar son parte de un patrón más amplio de tortura de detenidos que grupos de derechos humanos han documentado desde el 2014, cuando las protestas nacionales provocaron una amplia represión por parte del gobierno.
Human Rights Watch ha registrado
más de 380 casos de “trato cruel, inhumano o degradante” contra
opositores del gobierno, e incluso contra personas a quienes el gobierno
percibe como tales, entre ellos al menos 31 casos de tortura. Foro
Penal dijo que al menos 15 por ciento de los detenidos por motivos
políticos han sufrido torturas o maltratos.
En total, más de 12,800 personas han sido arrestadas desde el 2014 en relación con las protestas antigubernamentales. Aunque unas 7,500 han sido liberadas condicionalmente, siguen sujetas a juicio. Desde el 2017, los tribunales militares han enjuiciado a más de 800 civiles, en violación de las leyes internacionales de derechos humanos, dijo Human Rights Watch.
No está claro cuántos oficiales militares están presos. Aunque algunos reporteros y organizaciones sin files de lucro, citando fuentes confidenciales, dicen que hay más de 160 militares detenidos, Julio César Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, dice que son más de 200.
El informe del miércoles se publica en momentos que Maduro, de 56 años, está por comenzar un controversial sexenio este jueves. Más de una docena de países de la región —entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil y Perú— han dicho que consideran las elecciones del 20 de mayo unos comicios fraudulentos y que no lo reconocerán como presidente.
A pesar de la condena internacional y el bajo índice de aprobación interna, Maduro ha logrado aferrarse al poder captando a los militares y dándoles el control de aspectos clave de la economía, como la industria petrolera y la distribución de alimentos.
Borges dijo que la ofensiva contra los militares es otra señal más de que Maduro está perdiendo el control sobre la base.
“Las fracturas dentro de las fuerzas armadas son mayores cada día”, dijo. “El país está pidiendo a gritos que las fuerzas armadas no den un golpe de estado, [sino] que rescaten a Venezuela del golpe de estado que dio Maduro”.
El informe, publicado el miércoles y generado por Human Rights Watch y Foro Penal, una organización venezolana, documenta casi tres docenas de casos en que oficiales militares, familiares, cónyuges o conocidos han sido detenidos arbitrariamente y con frecuencia torturados en una respuesta del gobierno a sospechas de intentonas golpistas.
En la mayoría de los casos, a los detenidos los arrestaron sin orden judicial, los mantuvieron aislados y los golpearon y les racionaron los alimentos, indica el informe.
“El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a militares acusados de oponérsele”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los agentes de inteligencia no solamente detienen y torturan a militares, sino que en algunos casos también toman medidas contra sus familiares y otros civiles cuando no pueden encontrar sospechosos”.
Maduro, quien está en el poder desde el 2013, advierte con frecuencia de planes de asesinato o intentonas golpistas en su contra. El mes pasado, dijo que casi 800 “mercenarios” se entrenaban en el norte de Colombia para derrocar su gobierno, acusación que Colombia ha rechazado. Aunque presenta muchas de las alegaciones con pocas o ninguna prueba, parece que ha habido intentos genuinos contra su vida. En agosto, durante un desfile militar, un dron con explosivos detonó cerca de la tribuna donde estaba Maduro. Y en el 2017, el policía Óscar Pérez trató de organizar un alzamiento antes que lo mataran —según algunos fue ejecutado— en enero del 2018.
Muchos de los casos de abuso documentados por Human Rights Watch y el Foro Penal tienen relación con Oswaldo García Palomo, un coronel venezolano acusado de conspirar contra el gobierno desde la vecina Colombia.
En un caso, el 19 de mayo del 2018, hombres armados llegaron a casa de la sargento Emmy Mirella Da Costa Venegas, a quien acusaron de estar en contacto con Palomo. Al no encontrarla, detuvieron a su pareja, José Alberto Marulanda Bedoya, un cirujano de 53 años. Cinco días después, Marulanda Bedoya fue presentado ante un tribunal militar y acusado de traición, instigar una rebelión y participar en una confabulación.
Su audiencia preliminar —donde lo normal es que se presenten las pruebas— se pospuso seis veces porque los guardias se negaron a llevarlo al tribunal. La audiencia finalmente se realizó en diciembre, pero Marulanda sigue preso esperando juicio.
Otros detenidos —entre ellos oficiales militares— dijeron que le habían cortado los pies con cuchillas, estuvieron varios días sin alimentos y los obligaron a tomar agua de un inodoro.
Nadie contestó a llamadas al Ministerio de Comunicaciones para pedir declaraciones.
Los abusos contra personal militar son parte de un patrón más amplio de tortura de detenidos que grupos de derechos humanos han documentado desde el 2014, cuando las protestas nacionales provocaron una amplia represión por parte del gobierno.
En total, más de 12,800 personas han sido arrestadas desde el 2014 en relación con las protestas antigubernamentales. Aunque unas 7,500 han sido liberadas condicionalmente, siguen sujetas a juicio. Desde el 2017, los tribunales militares han enjuiciado a más de 800 civiles, en violación de las leyes internacionales de derechos humanos, dijo Human Rights Watch.
No está claro cuántos oficiales militares están presos. Aunque algunos reporteros y organizaciones sin files de lucro, citando fuentes confidenciales, dicen que hay más de 160 militares detenidos, Julio César Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, dice que son más de 200.
El informe del miércoles se publica en momentos que Maduro, de 56 años, está por comenzar un controversial sexenio este jueves. Más de una docena de países de la región —entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil y Perú— han dicho que consideran las elecciones del 20 de mayo unos comicios fraudulentos y que no lo reconocerán como presidente.
A pesar de la condena internacional y el bajo índice de aprobación interna, Maduro ha logrado aferrarse al poder captando a los militares y dándoles el control de aspectos clave de la economía, como la industria petrolera y la distribución de alimentos.
Borges dijo que la ofensiva contra los militares es otra señal más de que Maduro está perdiendo el control sobre la base.
“Las fracturas dentro de las fuerzas armadas son mayores cada día”, dijo. “El país está pidiendo a gritos que las fuerzas armadas no den un golpe de estado, [sino] que rescaten a Venezuela del golpe de estado que dio Maduro”.
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