Una nueva regulación para la compra de alimentos, basada en la cédula de identidad, despertó este miércoles el temor a una nueva etapa de escasez en el estado venezolano de Miranda, que alberga buena parte de Caracas, la única región donde se aplica por ahora una medida adoptada oficialmente para frenar la pandemia.
“Yo no quisiera acordarme de eso (…) no quiero volver a ese tiempo”, dijo a Efe el pensionista Octavio Moreno sobre la escasez de alimentos básicos y medicinas que sufrió el país entre 2014 y 2017.
Moreno reside en el barrio de Palo Verde, que limita con Petare, la favela más grande del país, que marca el límite occidental de Caracas y en la que reside buena parte de los habitantes de la capital, aunque administrativamente forma parte de Miranda.
Recuerda que en 2016, cuando la escasez se sintió con fuerza en todo el país y las compras se organizaban según el número del documento de identificación, hizo largas colas varias veces por semana para comprar algunos kilos de harina de maíz -base de la alimentación en Venezuela-, arroz o proteína animal.
DÉJÀ VU DE LA ESCASEZ
Por ello, cuando el gobernador chavista del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, anunció este martes que las compras de alimentos se organizarían de nuevo a través de la cédula de identidad, como sucedía durante la escasez, Moreno dijo que experimentó un déjà vu.
Además, está convencido de que un nuevo período de escasez sería peor esta vez porque, a la falta de alimentos, se sumaría la pandemia que desató el nuevo coronavirus.
“Eso va a traer más colas, y así más rápido se va a pegar (contagiar) la pandemia, porque ahí van a estar pegados unos de otros (en las filas de los mercados). Para mí, es mejor que siga como estaba antes que uno podía llegar y comprar“, insistió.
Pero el Ejecutivo regional dijo el martes que tomó la medida en vista del incremento de casos de COVID-19 de las últimas semanas y para evitar la aglomeración de personas en supermercados y tiendas.
DETENIDOS BAJO EL SOL
El reglamento de la decisión específica que se mantendrá por un lapso de 30 días prorrogables, y que su incumplimiento “acarreará las multas y sanciones establecidas en la ley”, sin aclarar a cuales hace referencia.
Cerca de Palo Verde, en la llamada Redoma de Petare, la policía local y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) detuvieron a varias decenas de vendedores ambulantes y personas que no usaban mascarillas.
Sentados en la calzada, y bajo el sol del mediodía, los infractores escuchaban el reclamo de un responsable militar, que les aseguraba que estaban detenidos para protegerlos de la COVID-19.
“Hasta las 10.00 de la mañana pueden (vender en las calles)”, dijo el hombre a los vendedores. “Deben usar las mascarillas, los hospitales van a colapsar”, soltó cuando tocaba el turno a quienes fueron detenidos evadiendo las recomendaciones de bioseguridad.
Pero no todos soportaron el regaño. Una vendedora informal se enfrentó con las autoridades y apuntó que necesita trabajar cada día para poder llevar alimentos a casa porque vive de las ventas diarias, porque su hijo es pequeño y necesita comer.
“NO TENEMOS MUERTOS EN LAS CALLES”
Asimismo, con la mascarilla sobre la frente, pidió a los venezolanos seguir las recomendaciones de bioseguridad de la OMS para evitar un colapso sanitario como el que sufren algunos países de la región, como Colombia, Brasil o Perú.
“Aquí todavía estamos de mil maravillas, no tenemos muchos contagiados, no tenemos muertos en las calles“, señaló.
Hasta el martes, 16.571 personas habían contraído la COVID-19 en Venezuela. El régimen estima que 7 de cada 10 contagiados son asintomáticos, por cuanto ha mantenido la cuarentena que comenzó el pasado 16 de marzo.
Sin embargo, al menos 151 personas han muerto por la enfermedad, aunque la cifra se eleva hasta los 205 si el registro lo hace la oposición venezolana, que dice obtener los datos directamente de médicos y enfermeras.
EFE
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