Para que la guardia de seguridad de un hospital venezolano, Yurymay Díaz, comprara queso y carne y reservara dinero para comprar zapatos a su hija, se necesitaron el pago de dos bonos especiales por valor de casi veinte veces su salario mensual.
Los dos depósitos de 100 dólares cada uno en septiembre y octubre para la madre de dos niños no provinieron del hospital de Caracas donde trabaja, sino de fondos incautados por Estados Unidos al gobierno del régimen de Nicolás Maduro.
Díaz, de 48 años, forma parte de los 62.700 trabajadores del sector público de la salud que recibirán pagos a través de un esfuerzo del líder opositor, Juan Guaidó, para canalizar los fondos incautados fuera del país hacia venezolanos en la primera línea de batalla contra el coronavirus, mientras también luchan con la devastadora crisis económica del país.
“Para lo que uno gana, eso (el bono) es un millonada, una plata que yo nunca he tenido en mi vida“, dijo Díaz en una entrevista en la casa de su hermana, donde vive.
En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones al gobierno venezolano de Maduro en un esfuerzo por desalojarlo del poder, acusándolo de corrupción, violaciones de derechos humanos y manipulación de su reelección de 2018.“Cuando empezó esto la gente se burlaba de nosotros (…) era horrible en las redes lo que colocaban“, agregó. Pero “cuando empezaron (a depositar) bueno!!!: ahora nosotros le escribimos a ellos, estamos felices con nuestros 100 dólares“.
Maduro niega esas acusaciones y culpa a las sanciones de dañar la economía venezolana. Estados Unidos y decenas de otros países han reconocido a Guaidó como el legítimo dirigente de Venezuela, pero Maduro conserva el apoyo de los militares y controla las funciones estatales.
El programa conocido como Héroes de la Salud espera transferir unos 18 millones de dólares a trabajadores de la salud venezolanos, lo que marca la primera vez que la oposición logra utilizar fondos incautados por Estados Unidos para aliviar la crisis humanitaria del país.
Brindar ayuda económica a los trabajadores de la salud que trabajan en la primera línea de la pandemia por alrededor de 5 dólares al mes marca una rara victoria concreta para Guaidó, quien desde 2019 ha luchado por obtener la aprobación de Estados Unidos para aprovechar los fondos incautados del gobierno de Maduro.
Pero el esfuerzo puede no ser suficiente para levantar la popularidad de Guaidó, jefe del Congreso que es reconocido por docenas de naciones como el presidente legítimo de Venezuela, pero cuyo apoyo está menguando debido a su incapacidad para sacar a Maduro del poder.
Guaidó en 2019 asumió una presidencia paralela y asegurando que en meses Maduro estaría fuera del cargo, lo que llevó a Washington a desconocer al mandatario y congelar las cuentas del banco central de Venezuela que, según los legisladores de la oposición, tenían unos 342 millones de dólares.
En medio de una oleada de apoyo popular, Guaidó esperaba utilizar de inmediato los fondos en ayuda humanitaria.
Pero aprovecharlos implicó extensas discusiones con las autoridades estadounidenses y requirió que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, u OFAC, aprobara y revisara a todos y cada uno de los 62.700 beneficiarios escogidos de casi 100.000 postulantes, dijo la legisladora opositora, Manuela Bolívar.
En la oposición dependíamos “en efecto, de la honestidad del postulante, pero como es dinero público teníamos que garantizar que el beneficiario era quien decía ser“, dijo Bolívar, uno de los organizadores del plan, en una entrevista en su hogar.
La OFAC finalmente permitió que la Asamblea Nacional, bajo control opositor, usara unos 80 millones de dólares.
El Tesoro y el Ministerio de Información de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Maduro ha acusado repetidamente a Guaidó y sus aliados de robar fondos pertenecientes a su gobierno. Los funcionarios gubernamentales han rechazado la idea de que los fondos lleguen alguna vez a los beneficiarios.
Otros también señalaron que el parlamento reservó 13,6 millones de dólares de los fondos para los propios legisladores, en parte para compensarlos por no haber recibido salarios desde 2016 porque el gobierno de Maduro les cortó el financiamiento. Eso alimentó las críticas sobre la gestión de los fondos dentro de algunos círculos de oposición.
Francis Guillén no fue una de las que se quejó.
La enfermera, en un hospital público, en un trabajo que dejó este año; y otros miembros de su familia, que también laboran en el sector de la salud, utilizaron el dinero de la bonificación para comprar una terminal de punto de venta para facilitar el pago de productos caseros para el cabello que ahora vende en un mercado público.
Guillén, de 31 años, usó parte del segundo pago de 100 dólares en comprar una batidora y hacer tortas para vender, y guardó el resto para tener dinero a mano para los regalos de Navidad.
“Es una gota de agua en medio de un desierto“, dijo Guillén en una entrevista en su casa de la barriada de Artigas, en el extremo oeste de Caracas.
“La verdad es que nos ha ayudado un mundo (…) ha sido bastante valioso para nosotros“, agregó Guillén sentada en la sala de su casa llena de recipientes del gel para el cabello hecho por su esposo, Ángel, de 31 años y que abandonó su trabajo de bombero precisamente por los bajos salarios y ahora está al frente del negocio de los productos artesanales.
“Nosotros no aspiramos depender de gobierno, ni aspiramos depender de Juan Guaidó (…) queremos un sueldo digno“. Reuters
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