La contienda electoral del pasado seis de diciembre fue la culminación de un largo proceso por parte del gobierno de Nicolás Maduro para anular a la AN de mayoría opositora que el pueblo escogió en 2015. Fueron cinco años de un choque entre poderes que quedó sentenciado cuando la oposición decidió no participar en la contienda electoral por la falta de condiciones para una elección justa
El año 2020 llega a su final con un hecho que la oposición parece desestimar pero que tendrá consecuencias muy graves para el país. El chavismo, a través de las elecciones parlamentarias del pasado seis de diciembre, recuperó el control de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), en un evento comicial al que la oposición mayoritaria no acudió y que viene a cerrar el capítulo del enfrentamiento entre poderes que se inició cinco años antes.
En 2015, cuando la crisis económica comenzó a golpear fuertemente a la población, que debía hacer largas colas para hacer sus compras cotidianas en los días asignados por número de cédula debido a la escasez de productos generada por la falta de liquidez del Estado (caída en las reservas internacionales), el desplome del aparato productivo por el cierre de numerosas industrias a consecuencia de las constantes importaciones con dólares baratos (Cadivi) y el comienzo de la caída en los precios del petróleo, las encuestas comenzaron a reflejar la merma en el respaldo al chavismo y a apuntar a una derrota electoral del movimiento impulsado por Hugo Chávez en los comicios parlamentarios pautados para diciembre de ese año.
Al hacerse inminente el triunfo de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la contienda electoral, diversos analistas políticos comenzaron a vaticinar que se produciría un “choque entre poderes”, entre el Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro, y el Legislativo, que pasaría a dominar la oposición.
Boicot a la AN de mayoría opositora
Una vez consumada la victoria opositora, logrando 112 diputados (lo que le confería una mayoría calificada que le permitía nombrar rectores del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y miembros del Consejo Moral Republicano (Contralor y Fiscal General de la República), el gobierno comenzó a desarrollar su estrategia de conculcar la voluntad de la población y desactivar de hecho a la Asamblea Nacional.
Así, antes de culminar ese 2015, y en unas sesiones que contravinieron el Reglamento Interior y de Debates de la AN (que establece que las sesiones deben ser convocadas con 24 horas de antelación como mínimo) haciendo hasta dos sesiones en un solo día, el PSUV y sus aliados designaron nuevos magistrados del TSJ (para suplir unas solicitudes de jubilación que aún no tocaban), principalmente de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país.
Paralelamente, se iniciaron acciones legales contra algunos diputados electos y el TSJ ordenó suspender los efectos de la proclamación de cuatro diputados escogidos por el estado Amazonas (tres de ellos de la oposición), a pesar de que la Constitución establece que los diputados gozan de inmunidad desde el momento de su proclamación y que solo la Cámara de Diputados puede decidir sobre su desincorporación. Con eso, la MUD perdió la mayoría calificada que le permitiría cambiar los Poderes Públicos.
Desacato de la AN
La siguiente acción del chavismo para enfrentar al Parlamento opositor que había escogido el pueblo se produjo al comenzar 2016 y las primeras sesiones del Poder Legislativo. Como la AN decidió juramentar a los tres diputados opositores del estado Amazonas, el máximo tribunal declaró en desacato (medida que recae sobre particulares y no sobre colectivos según la legislación venezolana) al Parlamento, con lo que las labores de control sobre el Ejecutivo fueron truncadas, ya que, por estar la AN en desacato, los ministros no acudían a las interpelaciones ni el Ejecutivo volvió a presentar el proyecto de ley de Presupuesto a consideración del Legislativo ni a presentar memoria y cuenta.
Además, la Sala Constitucional del TSJ fue declarando inconstitucionales las leyes que iba aprobando el Legislativo. El “choque entre poderes” se limitó al papel, pues en la práctica, el Legislativo no tuvo incidencia alguna en la conducción del país, ya que sus leyes no entraron en vigencia y no se ejerció el rol de control sobre el Ejecutivo.
Corrían entonces los rumores de que el gobierno de Nicolás Maduro disolvería la AN, algo que constitucionalmente solo puede hacerse una vez que el Parlamento le otorgue en dos ocasiones un voto de censura al vicepresidente. El gobierno lucía débil y el Poder Legislativo copaba el protagonismo político, sacando a la luz investigaciones sobre la corrupción del gobierno, como en los casos de diversas obras de infraestructura, compra de alimentos y medicinas, y préstamos para impulsar la industria petrolera o para mejorar los servicios públicos. La popularidad de Nicolás Maduro caía y parecía muy difícil que pudiera mantener el poder, al menos democráticamente.
Ruptura del hilo constitucional por usurpación de funciones de la AN
Para el chavismo se había convertido en una necesidad hacerse de la AN. El Presupuesto de la nación debía ser aprobado por el Parlamento y el país no podía contraer nuevas deudas sin el visto bueno del Poder Legislativo. En 2017, el TSJ emitió dos sentencias en las que se arrogaba facultades de la AN y la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que se había roto el hilo constitucional.
El país estaba inmerso en protestas luego que el gobierno había truncado la vía del referendo revocatorio para dirimir el conflicto político por medio de varias sentencias emitidas por tribunales regionales que ordenaban al CNE (uno de los Poderes Públicos y organismo nacional, por lo tanto no sujeto a dictámenes de tribunales regionales) que suspendiera el proceso de convocatoria a la recolección del uno por ciento de las firmas que podrían activar una consulta sobre la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.
Aunque hubo reunión en Miraflores con la Fiscal Luisa Ortega Díaz y se echaron para atrás las sentencias del TSJ contra la AN, el gobierno de Nicolás Maduro apeló a una jugada que definitivamente bloqueó el accionar de la AN, convocar una asamblea constituyente.
Constituyente sectorial
Nicolás Maduro, presidente para entonces, convocó una Asamblea Constituyente, a pesar de que la Constitución establece que es el pueblo de Venezuela, como depositario del poder constituyente, el que está facultado para hacerlo. Sin consultar al pueblo su voluntad, el mandatario convocó una elección de miembros de la asamblea constituyente y dictó las bases de la elección, que se haría por sectores: empresarios, estudiantes, trabajadores; algo opuesto al principio de la universalidad del voto consagrado en la Constitución. A lo anterior se agregó que cada municipio elegía un constituyente sin tomar en cuenta la población que tuviera.
La oposición denunció como ilegal la convocatoria a la constituyente y no participó en las elecciones para elegir a los integrantes de la misma. Con lo que la totalidad del organismo quedó en manos del chavismo.
De esta manera, el gobierno prácticamente dejó sin efecto la AN electa en 2015. La asamblea constituyente, cuya facultad es elaborar una nueva constitución, asumió las labores legislativas. El Presupuesto de la nación se le entregó a la misma para su aprobación y el organismo comenzó a elaborar leyes “constitucionales”, rango que no figura en la Carta Magna del país.
La constituyente depuso a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, nombrando en su lugar a Tarek William Saab y, luego, a un nuevo contralor general de la República, actuando con facultades que la Constitución otorga al Parlamento. También convocó elecciones de gobernadores (a las que la oposición acudió dividida) y ordenó adelantar la elección de presidente de la República, a la que la oposición mayoritaria no acudió, dejando el camino libre a la reelección de Nicolás Maduro para el período 2019-2025.
Con Saab como titular del Ministerio Público comenzaron investigaciones y detenciones de dirigentes políticos de la oposición, incluyendo gran cantidad de diputados, algunos fueron puestos presos, otros se fueron al exilio o se refugiaron en sedes de embajadas. La AN comenzó a desmoronarse perdiendo a sus principales figuras e incorporando suplentes que, como se demostró poco después, estaban muy poco comprometidos con la causa de la oposición.
Interinato
Cuando las posibilidades de la oposición parecían nulas y disminuía su influencia en la sociedad, el diputado Juan Guaidó, del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, asumió la presidencia del Poder Legislativo. Bajo su mandato, el Parlamento declaró que a partir de enero de 2019 Nicolás Maduro estaría usurpando la presidencia de la República, ya que el Parlamento no reconoció la convocatoria a elecciones presidenciales y por ende el triunfo de Nicolás Maduro.
El choque entre poderes llegó entonces a su apogeo y copó la escena política nacional. Juan Guaidó se juramentó a sí mismo como presidente interino ante la usurpación de Nicolás Maduro, se reactivaron las protestas de calle, la Unión Europea y EEUU reconocieron al presidente de la Asamblea como el legítimo titular del Ejecutivo venezolano y le entregaron activos y bienes de la nación, como el complejo refinador Citgo, ubicado en EEUU.
La presión internacional se afincó contra Nicolás Maduro para que permitiera el ingreso de ayuda humanitaria con la que paliar la grave escasez de alimentos y medicinas que existía en el país, y se barajaba la posibilidad de una acción unilateral por parte de EEUU para hacer ingresar la ayuda humanitaria e intentar deponer al gobernante venezolano. El Departamento de Estado indicó que “todas las posibilidades estaban sobre la mesa con respecto a Venezuela” y efectivos militares norteamericanos se desplegaron en Colombia en las cercanías de las fronteras con Venezuela.
Diálogos permitieron ganar tiempo
Tal como lo hizo en 2016 y 2017, Nicolás Maduro volvió a apelar al diálogo para bajar la presión internacional. Gobierno y oposición se sentaron en Noruega y luego en Barbados y se pusieron de acuerdo en algunos puntos, pero no en la exigencia de la oposición de convocar una nueva elección presidencial con un nuevo CNE, más equilibrado que su versión de entonces y con la presencia plena de observadores internacionales especializados. En cuestión electoral, el sector oficial insistía en que la elección a realizar debía ser solamente el de la Asamblea Nacional, que tocaba en 2020.
Truncadas las negociaciones luego que la delegación de Nicolás Maduro se retirara de la mesa de diálogo en Barbados a raíz de la imposición de nuevas sanciones por parte de la administración de Donald Trump, el enfrentamiento entre los poderes quedó en un punto muerto. El gobierno activó una mesa de diálogo nacional con los actores supuestamente de oposición que habían participado en la elección presidencial (Henri Falcón y su partido Avanzada Progresista y Daniel Bertucci, un empresario favorecido por el gobierno), algún disidente de la MUD (Timoteo Zambrano y su partido Cambiemos), un partido que apoyó a Hugo Chávez en sus comienzos, pasó a la oposición y pronto se deslindó de la MUD (el MAS) y un político con escaso apoyo popular (Claudio Fermín). Por lo poco trascendente de sus participantes opositores, la instancia pasó a ser conocida como “la mesita de diálogo”.
Pero con la mesita como mampara, el gobierno suscribió un acuerdo mediante el que accedió a que se nombrara un nuevo CNE y se convocaran las elecciones parlamentarias. Se fijaron nuevas condiciones para la elección que se saltaron ordenamientos constitucionales y de las leyes correspondientes, como el caso del incremento en el número de diputados a elegir, que pasó de 165 a 277 y se fijó la fecha de los comicios a menos de seis meses de la convocatoria, con lo que ningún cuerpo de observación internacional especializado accedió a ejercer su papel en dicha elección.
Intervención y ejecución
El chavismo estaba decidido a tomar la AN y los partidarios de la oposición esperaban que una salida de fuerza (nacional o internacional) pudiera detener el asalto definitivo al cambio político por el que el pueblo había votado en 2015. La incursión de algunos personajes nacionales y mercenarios internacionales en varias costas del país (Operación Gedeón) parecían mostrar que existían algunas intenciones en ese sentido, pero se presentaron desarticuladamente y sin los recursos necesarios para lograr el cometido.
Había un sector de la oposición que quería participar en los comicios (Henrique Capriles) y los sondeos de opinión mostraban que existía algún interés por parte de la población en participar si lo hacían los principales partidos y líderes de los adversarios de Nicolás Maduro.
Pero el G4 (los cuatro partidos que resultaron con más diputados en la AN en las elecciones de 2015) que luego recibió el respaldo de las otras fuerzas que estuvieron agrupadas en la MUD, decidió no participar en la justa comicial, alegando que no existían condiciones adecuadas que garantizaran una contienda justa y transparente. Con la decisión, la oposición mayoritaria aspiraba deslegitimar las elecciones, que tampoco reconocerían la Unión Europea y EEUU.
El gobierno siguió adelante con su intención de hacer elecciones para apoderarse de la AN y presentarla como legítima, pero no permitiría ninguna posibilidad de que la oposición lograra un nuevo triunfo electoral. A través del TSJ intervino los partidos Primero Justicia y Acción Democrática (poniendo al frente de los mismos una directiva que siguiera las directrices del gobierno) para que participaran, así fuera solo de nombre, en los comicios, junto a las pequeñas fuerzas de la mesita.
La oposición repitió entonces la estrategia de 2005, cuando no asistió en las elecciones parlamentarias y dejó la AN en manos del chavismo, y de 2017, cuando ignoró la convocatoria a una asamblea constituyente, que nuevamente copó el sector oficial.
Llegada la elección, las cifras oficiales mostraron que participó un 30,5% del padrón electoral. El chavismo alcanzó 256 escaños de los 277 en disputa, consumando finalmente la toma del Poder Legislativo. El choque entre poderes culminó y el lobo finalmente llegó, el retrato de Hugo Chávez que fue desalojado de la Cámara de Diputados en enero de 2016 será colocado allí otra vez, como anunció Diosdado Cabello. El próximo 5 de enero el Parlamento se teñirá de rojo nuevamente, y todo eso, a pesar de los niveles de rechazo que tiene el gobierno en una población que anhela superar sus dificultades.
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¿Y el futuro? Pocas expectativas de cambio
El hecho de volver al escenario de 2005, cuando el chavismo copó la Asamblea Nacional dificultará la posibilidad de un entendimiento entre gobierno y oposición y, aunque el sector del G4 (que ya no tendrá el referente de los resultados de unas elecciones) pueda mantener respaldo internacional, el control oficialista sobre la sociedad será total, sin que se cuente con el contrapeso y la capacidad de generar acción que representó el Parlamento en el período que culmina.
Los politólogos Damián Alifa y Paola Molina Noguera, consultados por TalCual para intentar tener un poco más claro el panorama que se presenta, advierten sobre los peligros que representa para el país el carecer de ese referente que se tenía cuando uno de los principales Poderes Públicos, precisamente aquel cuyo rol es ejercer el control sobre el Ejecutivo, era manejado por la oposición.
Alifa, quien es sociólogo y analista de investigación, expresó que es lamentable que la nueva AN no exprese el pluralismo de la sociedad venezolana, la diversidad de actores y fuerzas vivas de la sociedad, sino que de nuevo sea una institución con una mayoría aplastante, algo que, en su opinión, no favorece el diálogo.
Indicó el analista que mucho del rol que va a cumplir el Parlamento que se instalará el cinco de enero se podrá ver desde el momento en que sea elegida la directiva, pues allí quedará plasmado si se trata de los actores más autoritarios del chavismo o, por el contrario, predominarán aquellos más proclives al diálogo.
En todo caso, Alifa precisó que una de las agendas prioritarias que va a tener el Parlamento será el de “golpear” a la gestión saliente y toda la estructura del gobierno paralelo o interino encabezado por Juan Guaidó.
Advirtió además que una de las mayores potencialidades en cuanto a área de acción del nuevo Poder Legislativo, será la economía. A su juicio será el punto neurálgico de la AN, pues se va a desarrollar lo concerniente a la ley antibloqueo, aprobada por la asamblea constituyente.
Sin opción consolidada
Por su parte, la politóloga Paola Molina Noguera sostuvo que no hay grandes expectativas sobre un cambio a partir de los resultados del seis de diciembre, ni para el oficialismo, ni para la oposición.
Desde su perspectiva, aunque el gobierno logró la mayoría de los diputados, no consolida legitimarse, ya que (aseguró) cerca de un 80% de la población no participó en el proceso.
“El oficialismo, aunque concentra mayor poder a lo interno, al dominar todos los poderes públicos, con la elección tampoco logró consolidar una imagen de legitimidad a nivel internacional, son muchos los países que mantienen la presión para que en Venezuela se celebren elecciones libres que conduzcan a un cambio democrático”, argumentó Molina Noguera.
Añadió que, del lado opositor, la disyuntiva recae directamente en la figura de Juan Guaidó, sobre qué pasará a partir del cinco de enero cuando se instale el nuevo Parlamento. “Aunque la oposición cuente con el respaldo de la comunidad internacional, se hace necesario replantear la estrategia que se viene manejando desde 2019 y que no se ha materializado en los objetivos propuestos”, advirtió
Resaltó que la oposición transita por una crisis de liderazgo a lo interno, ya que muchas de sus principales figuras están en el exilio y otras cargan con un gran peso de desgaste, sin lograr consolidarse como una opción para enfrentar al oficialismo y lograr activar nuevamente a la sociedad venezolana para exigir las condiciones que presionen a una salida electoral en el corto plazo.
Reconocimiento práctico
En cuanto al desconocimiento del nuevo Parlamento por parte de países de la Unión Europea y Norteamérica, Damián Alifa considera que el efecto puede tender a ser menor, ya que en la práctica, aunque estos Estados no reconocen al gobierno de Maduro, algunas empresas de los mismos sí llegan a suscribir acuerdos con la administración chavista.
“EEUU no la reconoció, pero la Chevron sí acató decisiones, al igual que empresas norteamericanas, europeas que operan actualmente en Venezuela y van a terminar acatando medidas de la AN. Esa dualidad implica desconocimiento de algunos países. pero el reconocimiento práctico de empresas que operen dentro del país”, sostuvo Alifa.
Estima que, además, se va a producir una dinámica en la que se van a continuar mandando mensajes positivos hacia aliados internacionales del gobierno en diferentes áreas de inversión, especialmente petróleo, turismo y minería en general. Es de destacar que varios de esos aliados mantenían reservas de hacer nuevos tratos con Venezuela en vista de que los mismos no podían ser suscritos por la Asamblea Nacional.
Paola Molina Noguera, a su vez, indicó que, al parecer, el único camino que le queda a la oposición es mantener los apoyos internacionales, con el objetivo de poner a Venezuela de nuevo en la agenda internacional. “Más que desconocer el proceso del 6 de diciembre, se tratará de buscar las condiciones para que se realicen elecciones generales o nuevamente las elecciones parlamentarias en el marco de lo que establece la ley; es un escenario ideal, pero nada fácil frente a las pretensiones del gobierno de mantenerse en el poder sin ofrecer salidas por la vía electoral”, explicó.
Añadió que, tanto el oficialismo como la oposición también se enfrentan a la nueva política internacional que tendrá EEUU bajo la administración de Joe Biden. En este sentido, afirmó que está por verse si el tema venezolano estará en su agenda de prioridades para la potencia norteamericana o si será un actor con menos incidencia en las decisiones y operatividad de la oposición o si tomará acercamientos con el oficialismo.
Posible levantamiento de sanciones
Con respecto a la nueva política que pondrá en práctica EEUU, Damián Alifa prevé que la administración de Joe Biden haga un balance de los últimos cuatro años, ver sus aciertos y desaciertos, lo que posiblemente lleve al levantamiento, con carácter humanitario, de algunas sanciones.
“Va a venir en una nueva dinámica de acciones y sanciones diferentes a las que se habían manejado con Trump y creo que va a haber una inclinación de la oposición a volver a la vía electoral”, indicó Alifa.
Finalmente, Paola Molina destacó que las demandas de los venezolanos siguen más vigentes que nunca, y que el objetivo a lograr será realizar unas elecciones libres y la entrada de ayuda humanitaria que haga frente a la crisis económica y social que vive el país actualmente “y que no tiene precedentes en el continente”
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