En noviembre de 2019, Javier Troconis, comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Juan Guaidó, mantuvo conversaciones secretas y en paralelo a las que ya tenían la junta ad hoc de Pdvsa y la Procuraduría para llegar a un acuerdo con Petropar sobre la deuda que desde 2009 tiene con la estatal venezolana
En julio de 2016, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) —supeditada a la administración de Nicolás Maduro— presentó una demanda arbitral contra Petróleos Paraguayos (Petropar) ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en París, por el incumplimiento de una deuda que había sido renegociada en 2009.
La empresa paraguaya, que atravesaba dificultades financieras luego de años de presunta corrupción, no realizó los pagos oportunos entre 2006 y 2008 de los 18.600 barriles diarios de crudo, productos refinados y gas licuado de petróleo (GLP) que recibía de Venezuela bajo condiciones preferenciales de pago, según lo establecido en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas suscrito en 2004 por los entonces presidentes Hugo Chávez y Nicanor Duarte. En 2009 Petropar reconoció adeudar a Pdvsa unos 269 millones de dólares.
La estatal venezolana sostenía que el pago íntegro de la deuda era exigible desde noviembre de 2013. Petropar, en cambio, insistió en que el tratado permitía el pago hasta el año 2023.
Pero el rechazo por parte de la oposición y de la comunidad internacional del segundo mandato de Maduro y la proclamación de Juan Guaidó como «presidente encargado de Venezuela» a partir de su jefatura en 2019 de la Asamblea Nacional electa en 2015, generaron un tiempo muerto en el proceso de arbitraje en la capital de Francia.
El 7 de marzo de 2019, Petropar solicitó al tribunal arbitral la suspensión temporal del proceso debido al desconocimiento de Maduro como legítimo presidente de Venezuela. La presidenta de la empresa, Patricia Samudio, había declarado que el objetivo era evitar que la deuda se abonara a la administración chavista. Paraguay fue uno de los primeros países que reconoció como mandatario encargado a Juan Guaidó, quien apenas casi dos meses atrás se había proclamado como tal en una concentración en Caracas. El 19 de marzo, la corte de Arbitraje de la CCI congeló temporalmente su mediación sobre el pago de la deuda y canceló las audiencias sobre el fondo de la disputa fijadas para junio de 2019 en París.
«No es posible hacer ningún pago a Pdvsa mientras se encuentre bajo la dirección del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro», indicó Petropar. «Lo resuelto por el tribunal arbitral abre la puerta a una negociación entre los Estados paraguayo y venezolano para el pago de la deuda en un escenario en que la democracia sea reinstaurada en la República Bolivariana de Venezuela».
Ante el reconocimiento por parte del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez a Guaidó como presidente interino de Venezuela, el entonces recién designado procurador especial de la república, el abogado José Ignacio Hernández, también había solicitado, el 13 de marzo de ese mismo año, la suspensión del arbitraje. Consideraba que no se justificaba mantener los costos del arbitraje cuando la única diferencia que había era sobre la tasa de interés aplicable.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Juan Guaidó, y el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez luego de una reunión en Asunción en marzo de 2019
Luego, con el nombramiento de una junta administradora ad hoc de Pdvsa por parte de la Asamblea Nacional, el 10 de abril de 2019, empezaron a llevarse a cabo conversaciones oficiales entre los representantes de la estatal venezolana designados por el gobierno interino de Guaidó, Hernández y Petropar, para buscar una solución del conflicto.
Según información suministrada por exfuncionarios del interinato, Pdvsa ad hoc proponía reconocer el monto íntegro de la deuda, pactar un cronograma de pagos y designar una comisión técnica para resolver la única disputa existente: los intereses, sin necesidad de designar a terceros mediadores ni comprometer el pago de honorarios por gestiones de mediación o recuperación.
Lo que ocurrió no se acerca a esa propuesta.
Negociaciones en paralelo
Mientras se desarrollaban las conversaciones oficiales entre ambas empresas, un recién nombrado funcionario de Guaidó decidió estrenarse en el cargo decidiendo resolver por su cuenta y con un mediador el conflicto entre las petroleras, aun cuando no tenía —y sigue sin tener— las atribuciones para representar a la estatal venezolana ni para llevar a cabo negociaciones sobre deudas y activos relacionados con Venezuela en el exterior.
Se trata del comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Guaidó, Javier Troconis, cuyo nombramiento por parte del presidente del Parlamento se hizo público a través de Twitter el 28 de agosto de 2019. A pesar de que la junta administradora ad hoc es el único órgano autorizado para actuar en nombre y por cuenta de Pdvsa frente a Petropar, Troconis llevó a cabo en noviembre de 2019 reuniones con el abogado argentino Sebastián Vidal —quien trabajó con Pdvsa entre los años 2011 y 2018 en reestructuraciones de deudas entre la petrolera y otros países— y el jefe del Gabinete de la Presidencia paraguayo, Juan Ernesto Villamayor.
Javier Troconis, comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos designando por Juan Guaidó en agosto de 2019
El 2 de enero de 2021, el periódico estadounidense The Washington Post publicó un reportaje que reveló los irregulares esfuerzos de Troconis para capturar activos extranjeros de Venezuela. La investigación descubrió acuerdos propuestos por el comisionado, entre ellos el proceso de negociación de la deuda de Petropar con Pdvsa. Los documentos conseguidos por TalCual permiten ahondar en detalles de esos hallazgos.
En noviembre de 2019, el abogado Vidal comunicó a funcionarios del gobierno interino a través de un correo electrónico que había estado realizando gestiones para «lograr una solución amistosa de la disputa» en reuniones mantenidas con Troconis y Villamayor en la ciudad de Asunción.
El mensaje confundió a los representantes de Guaidó, quienes anteriormente habían rechazado una oferta de Vidal de trabajar en el caso debido a que ya estaba siendo atendido por Pdvsa ad hoc y la Oficina del Procurador Especial directamente con Petropar.
De manera paralela a las conversaciones oficiales, Troconis, Vidal y Villamayor estaban negociando un acuerdo que establecía una propuesta absolutamente distinta a la presentada por la junta ad hoc de la estatal venezolana. El comisionado de Guaidó, el abogado argentino y el funcionario paraguayo discutían un descuento de 50% de la deuda de Petropar con Pdvsa, condonación de todos los intereses y un pago de prima de éxito del 20% del monto acordado al abogado. Como la deuda pasaba de 265,8 millones a 132,9 millones de dólares, eran 26 millones y medio de dólares de honorarios, que iban a salir del bolsillo de Venezuela.
Según las fuentes consultadas, se trataba de un acuerdo que violaba la Ley Contra la Corrupción porque se le estaba ocasionando un perjuicio patrimonial al país. Además, no había ninguna razón para acordar una quita de 50% a un país que no estaba mal económicamente.
Dos documentos soportan esta propuesta de convenio. Las diferencias entre ambos, uno mostrando fecha 2019 y otro 2020, se componen de detalles que no tienen que ver con la deuda. Se registraron cambios en descripciones de cargos y definición de las partes: en uno eran solo Petropar y José Ignacio Hernández, y en otro se sumaban Troconis y Luis Pacheco, entonces presidente de la junta ad hoc de la estatal. También se ajusta el monto asignado al «amigable componedor» Sebastián Vidal, al que en un papel se le asignaba 10% del dinero y otro 10% se repartía entre dos socios, y en otro subía su cuota a 20% sin otros involucrados.
Pachecho fue consultado por TalCual al respecto y rechazó haber autorizado dicho acuerdo y denunció que su nombre fue puesto sin su consentimiento.
Los escritos establecían en la segunda cláusula que las partes acordaban «poner fin a la controversia» en la Cámara de Comercio Internacional «mediante el pago de la suma total de (…) US$ 132.942.887,08, correspondiente al 50% del monto reclamando en la demanda arbitral en concepto de cancelación extrajudicial de la deuda existente entre ambos Estados».
El monto acordado sería transferido por Petropar «a la cuenta abierta en el Nodus International Bank, Inc., a nombre de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., DDA Nro. 10808, dando finiquito a la controversia que se dirime (…) ante la Cámara de Comercio Internacional», según quedó fijado en el documento definitivo que esperaba firma con fecha 2020.
Tanto Vidal como Troconis sostienen que la propuesta de reducción de la deuda y condonación de intereses fue presentada por Paraguay. De hecho, en octubre de 2020 Troconis dijo que la propuesta «la había hecho Petropar a la Pdvsa chavista en 2016, mucho antes de que naciera el gobierno interino. Esa deuda está en arbitraje en París y de allí nació la propuesta, esa que nos presentaron a nosotros».
Sin embargo, el entonces procurador paraguayo, Sergio Coscia, afirmó en un correo electrónico enviado al gobierno interino en marzo de 2020 que la oferta fue preparada y presentada por «el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela». Su mensaje fue respondido con un mensaje «lamentando la confusión» y ratificando que dicha «propuesta de acuerdo» recibida «no había sido ni formulada ni aceptada por la junta administradora ad-hoc» ni por la Oficina del Procurador Especial.
En correos electrónicos del 19 y 20 de diciembre de 2020, tanto la Oficina del Procurador Especial como el presidente de la junta administradora ad hoc ratificaron a Petropar que no habían designado mediador alguno, ni negociado acuerdo de ningún tipo. Pero el Gobierno paraguayo dijo el 5 de enero de 2021 que fueron los «emisarios de Guaidó» quienes ofrecieron reducir en su mitad la deuda que Pdvsa reclama a Paraguay.
El borrador discutido por Troconis, Vidal y Villamayor señala que el 12 de septiembre de 2019 el abogado argentino «de reconocida trayectoria, que fuera designado por las partes para la negociación» remitió a Pdvsa «una propuesta de cancelación y pago del monto reclamado a la República del Paraguay» y que el 11 de noviembre de 2019 Javier Troconis aceptó «la propuesta formulada».
Sin autorización
El documento señala que las partes del acuerdo eran la demandada, Petropar, sin especificar al representante (aparecen seis ‘x’), y la demandante, Petróleos de Venezuela, S.A., «representada por el Dr. José Ignacio Hernández en su carácter de procurador especial de la República Bolivariana de Venezuela, conforme la designación de fecha 20 de febrero de 2019, como procurador especial para la defensa del Estado y de los demás entes descentralizados de la Administración Pública en el exterior, de acuerdo con el artículo 15, literal b, del Estatuto que rige la transición a la democracia«.
Hernández niega a TalCual haber participado en esas reuniones, autorizado la designación de Vidal como mediador o haber negociado una propuesta distinta a la que oficialmente presentó Pdvsa ad hoc.
«Si mi nombre lo pusieron allí fue porque a alguien se le ocurrió ponerlo. En ningún momento autoricé, negocié o convine eso. Esa nunca fue una oferta, esa nunca fue una propuesta, eso ni siquiera fue una idea».
Hernández reitera que «eso respondió a actuaciones paralelas de parte de personas que no representaban legítimamente al gobierno de Venezuela ni a Pdvsa y que no respondían a negociaciones oficiales».
Añade el abogado —que renunció al cargo de procurador especial en junio de 2020— que «el texto del acuerdo partía del errado criterio según el cual la república podía disponer en nombre de Pdvsa. Como la Oficina ratificó en relación con este caso y, en general, en muchos otros casos más, ni la república ni por ello la Presidencia de la República y sus comisionados presidenciales pueden actuar en nombre y representación de Pdvsa, por no tener cualidad para ello y por resultar lesivo a las normas del Estatuto que rescataron la autonomía técnica de Pdvsa».
Un documento interno de la Asamblea Nacional al que tuvo acceso TalCual da cuenta de que los términos del supuesto contrato que habría negociado Vidal resultaban lesivos al patrimonio público de Pdvsa, en especial por la «prima de éxito» pactada. Hernández aclara de manera expresa que, aun cuando el borrador remitido por el abogado Vidal aparecería firmado por el procurador, lo cierto era que ni “la junta administradora ad hoc ni la oficina del procurador especial» participaron en ninguna negociación ni dieron «su consentimiento para firmar ese acuerdo».
El abogado relata que lo primero que hizo luego de revisar el acuerdo enviado por Vidal fue enviarle una comunicación a Petropar por correo electrónico, en la que le ratificó que la única autoridad con legitimidad para negociar y conversar es la junta ad hoc de Pdvsa y el Procurador y que ninguna otra persona en nombre del gobierno interino del Guaidó podía negociar ese asunto.
«También dije que no habíamos designado ni íbamos a designar a ningún mediador porque no podíamos incurrir en gastos de honorarios profesionales. Pedí que, por favor, se abstuvieran de seguir supuestas ofertas de terceros. Petropar me escribió que estaba de acuerdo y luego le mandé la copia a Vidal por correo. Me respondió muy cortantemente que estaba entendido y aproveché para preguntarle quién lo designó como mediador, porque yo no había sido. Vidal no respondió, se desapareció del mapa».
TalCual intentó comunicarse con el abogado Sebastián Vidal pero fue imposible lograr una conversación con él. Se le escribió primero por WhatsApp y minutos después bloqueó el contacto. También se le contactó por otro número a través de iMessage, llamadas y un mensaje por correo electrónico. En ningún momento se recibió respuesta.
El 5 de enero de 2021, Guaidó informó que la propuesta, después de ser evaluada, fue rechazada por el Procurador Especial, la junta ad hoc de Pdvsa y por él mismo luego de considerar que no cumplía con las condiciones satisfactorias para Venezuela por el «porcentaje de remoción propuesto» y la comisión estipulada por el abogado Vidal.
Los millonarios honorarios
En una entrevista realizada al medio paraguayo NPY Oficial, Sebastián Vidal aseguró que no fue él «quien golpeó la puerta» sino «el gobierno encargado de Venezuela quien, a través de su comisionado presidencial para la recuperación de activos, se comunicó de forma telefónica con mi estudio».
Señaló que entre los días 7 y 8 de octubre de 2019, Javier Troconis viajó a Argentina para elegir un bufete de abogados que pudiera representar este caso. «Tuve una entrevista personal con él en el hotel que se hospedaba, en el NH Buenos Aires 9 de Julio, y luego de las conversaciones (…) él decidió encomendarme esta tarea. Me solicitó una propuesta de trabajo para solucionar de forma amigable esta deuda. La misma fue aceptada».
El NH Buenos Aires 9 de Julio es un hotel de cuatro estrellas donde la noche puede costar desde 92,33 dólares —la habitación más sencilla con desayuno incluido— hasta 105,08 dólares —la habitación más grande y con más servicios, también con desayuno—.
Troconis, por su parte, ha sostenido que conoció a Vidal en Paraguay. «Primero lo conocí por teléfono. Fue la persona que estuvo haciendo los enlaces y nos conocimos en Paraguay en la casa presidencial. Allí, donde fue la reunión, era donde estaba el señor Sebastián Vidal. Era una persona bien relacionada con toda esa gente del Gobierno allí».
En una interpelación ante la Subcomisión Especial para Investigar las Denuncias del Consorcio CRA, creada por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, Troconis indicó haber estado en una oportunidad en Paraguay, donde asistió a una reunión formal en el Palacio de Gobierno con Vidal. «Allí conversaron sobre una negociación de pago de una deuda de Paraguay con Pdvsa y la propuesta fue rechazada. Informa que esta visita fue autorizada por el gobierno interino», dice el informe elaborado por la subcomisión.
Vidal dijo en la entrevista que el primer contacto con Troconis se dio en varias conversaciones telefónicas entre finales de septiembre y principios de octubre de 2019, días antes de que presuntamente el comisionado de Guaidó viajara a Buenos Aires y se reunieran en el hotel.
El argentino cuenta que el 10 de octubre, cumpliendo con la solicitud de Troconis, remitió una propuesta en la que pedía el 20% del monto «recuperado». «El encargado Troconis la pone a consideración del gobierno de Guaidó. La aceptan el 1 de noviembre y a partir de ahí iniciamos los trámites».
En un borrador redactado del acuerdo, que esperaba firma en 2020, se señala en la segunda cláusula que «la República Bolivariana de Venezuela, toma a su cargo el honorario de éxito pactado con el Dr. Sebastián Vidal Aurnague, DNI (argentino) 23.303.652, Clave Única de Identificación Fiscal 20-23303652-9, designado por las partes como amigable componedor, siendo el mismo el equivalente al 20% de los montos de pago acordados».
Vidal indicó, en la entrevista para NPY Oficial, que luego «el gobierno interino» le pidió que redujera el porcentaje a 10%. Él aceptó. Otro borrador del acuerdo revisado por TalCual, con las mismas condiciones de pago pero con fecha esperada de firma 2019, señala que «Venezuela toma a su cargo el honorario de éxito pactado con el Dr. Sebastián Vidal Aurnague (…) siendo el mismo el equivalente al 10% de los montos acordados».
No obstante, aparecen dos figuras nuevas que también recibirían honorarios. Se trata de una abogada también de nacionalidad argentina llamada Soledad Gutiérrez «DNI (argentino) 31.878.720, Clave Única de Identificación Fiscal 23-31878720-4, también designada como amigable componedor, siendo el mismo el equivalente al 5% (Cinco Por Ciento) de los montos de pago acordados»; y una supuesta figura jurídica no identificada que aparece en el documento como «Estudio xxxxxxUSAxxxx, también designados como amigables componedores”, que igualmente recibiría un honorario equivalente al 5%». Vidal ha dicho que se trataba del pago a abogados «subcontratados».
Esto significa que el monto destinado a los honorarios, pagados con recursos públicos de Venezuela, seguía siendo el 20%, es decir, unos 26 millones de dólares.
«Detrás de esta negociación hay un guiso», aseguró una de las fuentes cercanas al gobierno encargado de Juan Guaidó. «El guiso está en la comisión de 26 millones de dólares que son los gastos de abogados. Para incentivar la transacción, le dieron un gran descuento a Paraguay. Pero esto no quiere decir que el ‘gobierno interino’ sea corrupto, lo que dice es que el negociador sí lo es».
Hernández, por su parte, sostiene que 26 millones de dólares por una prima de éxito de una negociación que consiste en bajar 50% de la deuda reconocida es una «prima de fracaso, es un exabrupto». «Es muchísimo dinero. Esa comisión llama mucho la atención».
En el borrador del acuerdo que esperaba firma en 2019, que se señala que los 26 millones y medio de bolívares serían repartidos a tres figuras, no aparece la cuenta de Nodus International Bank, Inc., a nombre de Monómeros, que es donde Petropar depositaría el pago de la deuda según documento con fecha 2020.
En la entrevista para el medio paraguayo, Vidal señala que, si bien The Washington Post «habló de dos borradores» en un reportaje publicado a inicios de 2021, en realidad era uno solo que luego se modificó por la reducción de sus honorarios. «En ese momento la Asamblea Nacional estaba trabajando en un proyecto de Ley de Recuperación de Activos, que fue aprobada en julio de 2020, que contenía hasta un máximo de entre 9% y 10% de honorarios legales por la recuperación. Por eso me solicitan la reducción de mis honorarios al 10% y no al 20%».
Sin embargo, las fechas de los documentos, a los que ha tenido acceso TalCual, no coinciden con lo dicho por el abogado argentino.
Una de las fuentes consultadas por este periódico dice que Troconis sí viajó a Argentina, donde sostuvo una reunión previa con Vidal. El informante, no obstante, se pregunta de dónde el comisionado «saca dinero» para pagar pasajes aéreos y hospedaje en hoteles y para llevar a cabo reuniones que supuestamente no son autorizadas por el gobierno interino.
El contralor especial de la república designado por Guaidó en febrero de 2020, Juan Pablo Soteldo Azparren, no respondió a los intentos realizados por correo electrónico para comunicarse con él. El equipo de comunicaciones del gobierno interino no pudo proporcionar un número telefónico.
Lo que vino después
El 7 de enero de 2021, el gobierno paraguayo señaló que rechazó la oferta de los «emisarios de Guaidó» ante la falta de garantías de que el tribunal que arbitra el caso validara un acuerdo firmado por representantes del gobierno interino.
El 22 de enero de 2021, el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, alertó por Twitter que la «írrita» Asamblea Nacional de Maduro venía «con una andanada de guerra sucia y acusaciones falsas contra el liderazgo democrático». Ante ello, afirmó que «la mejor forma de combatir las mentiras de la dictadura es con transparencia».
En ese hilo de Twitter, Borges escribió: «Desde Primero Justicia queremos insistir en la necesidad de mostrar los resultados concretos de las investigaciones que hemos solicitado, con el fin de aclarar si hubo un manejo transparente de los fondos públicos. Nos debe unir la lucha por la honestidad y la transparencia en todas nuestras acciones. El gobierno interino está en la obligación de dar el ejemplo en un país que está destruido por la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Es fundamental dar respuesta a cada caso que ha creado dudas en la opinión pública y dar acceso a toda la información necesaria para esclarecer de manera correcta cada uno de los eventos. Venezuela merece una explicación sobre casos como el de la protección de activos en el exterior, Crystallex, PetroParaguay, el manejo de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, las irregularidades de la Comisión de Contraloría, entre otras. Lo correcto es mostrar transparencia en la gestión».
El presidente de la AN oficialista, Jorge Rodríguez, dijo el 23 de enero de 2021 que Paraguay debe 360 millones de dólares a la República Bolivariana de Venezuela, por ello el presidente de ese país «también es un ladrón». Añadió que «el propio Guaidó nombró a Javier Troconis para negociar las acciones de Pdvsa de manera ilegal», y que habría enviado delegados a Paraguay a negociar la deuda de Petropar y «este criminal recibió 100 millones de los 300 que le debe Paraguay a Pdvsa de forma criminal».
El Parlamento de Maduro instaló, los primeros días de haber tomado posesión, una comisión especial para investigar al Legislativo electo en 2015.
Por su parte, la Cámara de Diputados de Paraguay se reunió el 3 de febrero para votar sobre una moción de censura contra Villamayor por la polémica reunión en 2019 con Troconis. Se consiguieron 52 votos a favor de la censura de los 53 requeridos. Hubo 19 en contra y 9 ausencias, por lo que el trámite fue archivado.
Al final, los esfuerzos de Troconis por llegar a un acuerdo en Asunción y las negociaciones oficiales entre Pdvsa ad hoc y Petropar fueron hechos en vano. Luego llegó la pandemia en 2020 y con ella el caso Petropar-Pdvsa volvió a congelarse. Este mismo año las dos figuras que estaban conversando de manera oficial con Petropar, el procurador especial y el presidente ad hoc de Pdvsa, renunciaron a sus cargos en junio y en septiembre de 2020, respectivamente.
Petropar continúa debiéndole a Pdvsa una importante cantidad de recursos que necesita el país para enfrentar la pandemia. Paraguay no reconoce al gobierno de Maduro y por los momentos se dejó de entender con el equipo de Guaidó, aunque lo sigue reconociendo como presidente encargado.
El caso sigue pendiente, aunque suspendido temporalmente, en la Cámara de Comercio Internacional. En su decisión del 19 de marzo de 2019, la Corte de Arbitraje en París también anunciaba que podrá reanudar el proceso cuando corresponda.
Troconis, el atornillado
De acuerdo con el artículo cinco del Estatuto que rige la transición, únicamente las juntas administradoras ad hoc designadas para «asumir la dirección y administración» de empresas del Estado pueden «adoptar las medidas necesarias para el control y protección de sus activos». El procurador especial, por su parte, tendrá capacidad de designar apoderados judiciales, incluso en procesos de arbitraje internacional, y asegurará «la protección, control y recuperación de activos del Estado en el extranjero, así como ejecutar cualquier actuación que sea necesaria para salvaguardar los derechos e intereses del Estado».
En ninguna parte está establecido que el comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos puede representar a empresas estatales. Según Guaidó, las únicas tres responsabilidades que tendría el funcionario puesto en este cargo serían las de rendir cuentas, auditar los activos «protegidos» y hacer el inventario de los activos de Venezuela en el exterior.
Sin embargo, fuentes con conocimiento del asunto aseguran a TalCual que Troconis «perdió los tapones» luego de que fuera designado comisionado.
«Se ha creído el zar de los activos. Empezó a viajar por todo el mundo, a buscar recuperar activos y a mandar cartas a diestra y siniestra a lo loco sin tener atribuciones porque no representa ni a la República de Venezuela ni a Pdvsa. No puede ni contratar abogados. Nada. Es un comisionado mal designado que ha debido ser botado y destituido hace años. Me parece insólito que el tipo siga en el cargo», afirma una fuente cercana al gobierno interino.
Este no es el primer escándalo en el que Troconis se encuentra involucrado. En octubre de 2020 la Subcomisión Especial de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional interpeló al funcionario de Guaidó debido a unas denuncias manifestadas por los representantes legales de la empresa Caribbean Recovery Assets (CRA) Consortium de una presunta contratación para la recuperación de activos en los países que integran la alianza Petrocaribe.
Hasta ahora, Javier Troconis no ha sido relevado de su cargo. Juan Guaidó no ha hecho referencia a los señalamientos sobre sus gestiones
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