Venezuela puede hacer una denuncia contra Iván Duque ante la Corte Penal Internacional (CPI), ya que cumple con ciertos requisitos. Abogados advierten que extrapolar un caso de asesinato contra migrantes venezolanos a una política de exterminio contra esa población en Colombia es temerario, debido a que no existe una verdadera comprobación que sean crímenes impulsados o conocidos por las más altas autoridades
El pasado 12 de octubre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, acusaron al mandatario colombiano Iván Duque de llevar adelante una «política de exterminio» contra migrantes venezolanos en ese país.
Por ello, anunciaron que la administración de Nicolás Maduro denunciaría ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos el asesinato de niños en la localidad de Tibú, en Colombia. Además, se prometió llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) para que Duque sea «juzgado» por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El pasado 17 de octubre, tras referirse a la extradición del empresario colombiano Alex Saab, el mandatario Nicolás Maduro se refirió a la migración y aseguró que en Colombia estaban matando a diario dos venezolanos y que todo se debía a una campaña de xenofobia creada por su homólogo Iván Duque, quien supuestamente ha recibido 1.600 millones de dólares para ayudar a los migrantes, «pero se los ha robado».
«Este señor, llamado Iván Duque, ha promovido en cuatro años de su gobierno odio contra Venezuela para estimular una guerra que él quisiera y que no le hemos permitido, ni el pueblo colombiano le permitiría jamás una guerra contra Venezuela. Ha sembrado el odio que ha llegado a la vida de los niños, migrantes», agregó Maduro.
Tres días más tarde, la vicepresidenta Rodríguez informó sobre el envío de una carta a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde repiten cifras de homicidios y desaparición de migrantes según informes del Instituto de Medicina Legal de Colombia, así como el presunto crimen de «xenofobia» contra dos menores de edad venezolanos.
Dictaminar crímenes de lesa humanidad por el delito de persecución en una instancia como la Corte Penal no es tan sencillo. La abogada y profesora Tamara Bechar Alter explica que, bajo el Estatuto de Roma, la CPI puede investigar y conocer de delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra o agresión. «Para que tenga competencia para conocer puede ser por un Estado parte del Estatuto, por un nacional de ese Estado o que un Estado que no sea parte le pida especialmente a la CPI que conozca el caso».
La CPI solo tiene competencia de carácter complementario, recuerda la abogada. «Porque solamente cuando el Estado no quiere o no puede investigar, es cuando la Corte Penal Internacional va a tener competencia, y no va a juzgar al Estado, va a juzgar a los máximos responsables que hayan sido acusados de estos delitos».
Bajo este escenario, ciertamente Venezuela puede hacer una denuncia contra Iván Duque ante la CPI, ya que cumple con los requisitos de ser Estado parte del Estatuto de Roma y, además. señala la presunta existencia de uno de los crímenes bajo su jurisdicción, en este caso, de lesa humanidad por persecución de un grupo por razones étnicas.
Pero Tamara Bechar duda que esta denuncia prospere y advierte que la Fiscalía de la CPI «tiene una gran discrecionalidad» para analizar la información recibida y decidir si avanza hacia un examen preliminar y sus etapas posteriores.
«Por supuesto que creo que los hechos que ocurren en Colombia son graves, pero una cosa es un delito de homicidio y otro un crimen de lesa humanidad». asegura la abogada.
Además, recuerda que el Estatuto de Roma parte de la «buena fe» de los Estados, por lo que no se contemplan sanciones por una denuncia temeraria. «Solamente en la fase uno de un examen preliminar se realiza una valoración de la información recibida y se constituye un filtro para dictaminar si se sigue avanzando».
¿Xenofobia o violencia?
El abogado y director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, califica los anuncios de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como «sin fundamento», pues aunque ha habido crímenes contra venezolanos en Colombia, considera que la misma situación da la respuesta. «Aparentemente fue una situación (asesinato de dos niños en Tibú) entre particulares que fue resuelta de esta manera tan terrible. Nosotros también exigimos que sea investigada y se sancionen a los responsables».
Destaca que el Estado colombiano está en la obligación de proveer seguridad a todos sus habitantes, incluyendo la migración venezolana, «pero de ahí a que haya una política de persecución, no hay evidencia. Solo se usó el caso de estos niños como un elemento de propaganda y sin ningún respaldo».
Lo que dificulta Daniels es que de esta situación particular se pueda identificar una política de Estado sistemática y generalizada de persecución a los venezolanos. «Los movimientos xenofóbicos en Colombia no han venido del Gobierno sino precisamente del ala izquierda del espectro político colombiano, principalmente de la alcaldesa de Bogotá (Claudia López) que, como sabemos, no es del partido de Gobierno».
El acusar al presidente Iván Duque del delito de persecución y exterminio, basándose en un hecho aislado, no tiene basamento jurídico, explica el abogado. «Un crimen de lesa humanidad, como señala el Estatuto de Roma, tiene que ser sistemático y generalizado. Tienen que haber pruebas de que efectivamente el Estado colombiano persigue y busca el exterminio de los venezolanos».
Tamara Bechar ahonda en esta explicación: «Lo que es claro es que para que se pueda hablar de la concurrencia de un crimen de lesa humanidad deben darse tres elementos. Uno, que se trate de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil o contra un grupo específico; dos, que exista la intencionalidad de un alto responsable; y tres, que sepa de la ocurrencia de estos hechos. Es decir, que esto pueda denominarse como una política de Estado».
La migración de venezolanos no es un hecho romántico, mucho menos seguro. A partir de la crisis económica, política y social que se acentuó a partir de 2016 muchos ciudadanos empezaron a salir de Venezuela ya no en avión, como sucedió con olas pasadas, sino por vía terrestre.
Los destinos que escogió la migración venezolana, que hasta la fecha suman casi cinco millones según agencias de Naciones Unidas, fueron países cercanos como Colombia, Perú y Ecuador.
Colombia es el principal receptor de los desplazados venezolanos. La Plataforma de Coordinación Interagencial de Refugiados y Migrantes Venezolanos ubica en ese país a 1,8 millones de personas. De ellos, un millón 382 mil están inscritos en el Registro Único activado por las autoridades para darles un estatus legal y de protección, que puede alcanzar los 10 años. El resto pertenece a la categoría de migración irregular, colombianos retornados o los que tienen estatus pendular, es decir, van y vienen entre los dos países.
Show con la CPI
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señala que de existir una verdadera política de persecución de venezolanos en Colombia no se observarían olas de desplazados caminando hacia ese país. «Todos estos anuncios se hicieron a fin de tapar la oprobiosa muerte del general Raúl Isaías Baduel en custodia del Estado, y sin que haya habido una investigación seria e independiente de su fallecimiento y sin que se le permitiese a los familiares declarar antes de su entierro».
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Daniels insiste en que esta acción es una «cortina de humo» de la administración Maduro para distraer sobre las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Una opinión similar tiene la abogada Tamara Bechar. «No tengo la menor duda que esto forma parte de un elemento adicional, de una política que desarrolla Nicolás Maduro para desvirtuar, empañar y distraer sobre la situación venezolana».
Si nosotros vemos la actuación del régimen en los últimos tres meses, dice Bechar, hay situaciones nuevas como el avance de juicios relacionados con muertes en protestas antigubernamentales. «Hacen esto para dar la sensación de que en Venezuela hay un sistema judicial que funciona y condena a responsables (…) Estas parodias de juicio no deberían tener ningún impacto en la CPI».
También califica estas acciones como una «cortina de humo», porque no se castiga a los máximos responsables, sino que las acusaciones y sentencias quedan en los autores materiales. «A la Corte Penal Internacional no le interesa quién dispara, más allá de que eso obedezca a un ataque sistemático realizado contra la población que sigue un patrón, un lineamiento, un plan Zamora o Guaicaipuro, por ejemplo».
La abogada, además, señala que las recientes reformas legislativas hechas en materia judicial tampoco garantizan mayor avance. «Si de verdad hubieran querido proteger, garantizar el debido proceso, pues, ya las normas existían (…) Por último nos encontramos con esta jugada para desviar la atención del fiscal Karim Khan».
Migrantes violentados
Para plantear su narrativa de muertes atribuibles a la xenofobia, la administración Maduro también utilizó datos del último informe de la Comisión para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), donde contabilizan que durante 2021 han sido asesinados 362 migrantes venezolanos en Colombia. El 88,1% de las víctimas eran hombres y 11,9% mujeres. Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia son los departamentos donde se registraron la mayoría de los casos.
Codhes también destacó en su informe que entre enero de 2015 y agosto de 2020 se tiene registro de 836 personas desaparecidas. Bogotá lidera los registros con 311 desaparecidos en esa ciudad, seguido por Magdalena, Valle del Cauca y La Guajira.
Además, detallan que entre 2015 y 2020 más de 2.300 personas de nacionalidad venezolana han sido víctimas de delitos sexuales, el 71% fueron menores de 18 años. Entre 2017 y 2020 se contabilizaron 33 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos.
El año pasado, 1.650 migrantes venezolanos fueron desplazados dentro de Colombia, siendo Norte de Santander el departamento que presenta más víctimas (1.097), seguido de Cauca (440) y Valle del Cauca, con 50. Para 2020, las cifras de desplazados colombianos alcanzó la cifra de 32.217 personas.
Estos datos se asemejan a los proporcionados por el Instituto de Medicina Legal de Colombia. Entre enero y septiembre de 2021, solo en el departamento de Norte de Santander se han registrado 76 casos de muertes violentas de venezolanos.
El 56% de los casos son homicidios, es decir, cada semana cinco venezolanos son asesinados en Colombia. La mayoría de los casos reportados se presentan en las zonas fronterizas de los dos países: Norte de Santander, La Guajira o Arauca. En Bogotá, la capital colombiana, también se presentan casos de muertes violentas de venezolanos.
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