La organización documentó 43.003 víctimas de violencia estatal, incluyendo 1.652 de tortura y 7.309 de tratos crueles. Además, 10.085 personas asesinadas por la fuerza pública.
Alertó sobre una política de “promover, tolerar y encubrir abusos” mediante prácticas que generan terror social. Pese a ello, la mayoría de casos siguen en la impunidad.
También denunció la profundización de una crisis que mantiene a la población en pobreza extrema y la negación al derecho a la alimentación. Más del 45% sufre inseguridad alimentaria.
Provea considera que la deliberada precarización laboral mediante salarios ínfimos busca desalarizar, empobreciendo a las familias.
Venezuela cayó 39 puestos en el IDH de la ONU entre 2015-2022, situándose entre los últimos de la región. Su PIB se contrajo más del 80%, dañando la capacidad productiva.
De esta forma, la ONG visibilizó el alarmante panorama humanitario bajo una gestión que sistemáticamente vulnera los derechos fundamentales.
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