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martes, 10 de junio de 2008

Gobierno argentino ahoga reclamo agro con plan obras

BUENOS AIRES (Reuters) - La presidenta argentina, Cristina Fernández, buscó el lunes neutralizar un extenso reclamo del campo al anunciar que los fondos extra que capte el Estado por un polémico impuesto a las exportaciones de soja se usarán para financiar obras en todo el país.
El Gobierno enfrenta desde hace tres meses protestas y huelgas de los productores agrícolas, que rechazan un esquema tributario que elevó la presión fiscal sobre la soja -el mayor cultivo del país- y aseguran que el dinero pagado en impuestos no vuelve al interior del país.
La presidenta detalló que el plan incluye al menos 30 hospitales y 300 salas de atención primaria de salud, caminos y viviendas en zonas urbanas y rurales.
Luego, la mandataria volvió a culpar a los productores de querer adueñarse de la renta extraordinaria que generan los precios récord de los granos, en un país que es uno de los mayores proveedores globales de alimentos pero aún tiene un cuarto de la población en la pobreza.
El agro "se niega a contribuir en la redistribución del ingreso para los que menos tienen," enfatizó Fernández en un salón de la Casa de Gobierno colmado por empresarios, políticos, ministros y miembros de asociaciones de defensa de los derechos humanos.
"Los más vulnerables son los que menos tienen, los pobres, porque son los que destinan la mayor parte de sus salarios a la comida y porque son los que no tienen estrategias defensivas frente al aumento de los precios," dijo Fernández.
La economía argentina lleva cinco años de crecimiento a tasas superiores al 8,5 por ciento que permitieron una mejora notable en los indicadores sociales, pero una fuerte inflación -especialmente en alimentos- amenaza esa bonanza.
El sector agropecuario rechaza la idea de una "renta extraordinaria" y asegura que la subida de los costos hace que los pequeños productores pierdan dinero.
La primera reacción del sector, que el lunes levantó la tercera huelga en tres meses contra el impuesto, fue negativa.
El presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, dijo en conferencia de prensa que comparte la imperiosa necesidad de construir hospitales, viviendas y caminos, pero rechazó que sólo ahora el Gobierno diga, tras 90 días de conflicto, el destino de ese dinero.
"Hubiera sido mucho mas productivo haberlo dicho el 11 de marzo" cuando se anunció el nuevo impuesto, dijo Buzzi.
Mario Llambías, jefe de Confederaciones Rurales Argentinas -otra de las entidades en conflicto-, señaló que el sector está de acuerdo con el "destino que se le quiere dar a los fondos."
Pero advirtió que "en Argentina hay muchos sectores que tienen tanta renta como el agropecuario y únicamente el agropecuario es el que tiene que cumplir con estas funciones."
¿FIN DE HUELGA?
El anuncio de Fernández llegó horas después de que el Gobierno advirtiera que cientos de productores seguían bloqueando caminos en muchos puntos del país pese a haber anunciado el fin de la protesta, que incluyó la suspensión de la venta de granos y manifestaciones en las carreteras.
"El paro (huelga) no se levantó," aseguró el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que añadió que "hay cortes (de rutas) en todos lados."
El conflicto con el campo ha provocado un derrumbe en la popularidad de Fernández, acusada de no tener voluntad de negociación y de moverse con soberbia.
Fernández recogió el guante y pidió perdón en su discurso del lunes si había "ofendido" a alguien, pero aseguró que el "gesto de estadista" que mucha gente espera, según ella dijo, no es permitir que el agro acapare toda la renta extraordinaria de la soja.
La prolongada disputa provocó en abril una intensa crisis que forzó la renuncia del entonces ministro de Economía Martín Lousteau y mantiene la incertidumbre política en el país.
Además, la crisis impulsó los precios internacionales de los granos y los derivados, ante el temor de que las exportaciones argentinas se vieran perjudicadas.
En el mercado de Rosario, la principal plaza de granos del país, la actividad se reinició tímidamente -tras ocho sesiones sin transacciones- pero no se registraron operaciones.
"Por la incertidumbre, hay poco movimiento en el mercado. Algunos compradores realizaron ofertas, pero a muy bajo precio porque creen que no van a poder recibir la mercadería por el conflicto," explicó a Reuters un operador de Rosario.

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