24,5% de la masa laboral alimenta el régimen previsional en el país
Una elevada tasa de inactividad laboral junto a un importante porcentaje de trabajadores que se desempeñan por su cuenta complican las posibilidades de mejorar el financiamiento del sistema de pensiones.
Estos grupos no cotizan a la seguridad social, el primero porque no tiene intención alguna de trabajar, mientras que los informales no lo hacen porque, en muchos casos, no están inscritos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Entre ambos suman 11.486.675 -sin contar con los incapacitados para laborar- las personas que pudieran cotizar al esquema previsional, pero que no lo hacen.
En contraposición, apenas 4,7 millones de personas cotizaban al IVSS a finales del año pasado, según los datos oficiales, lo que implica que tan sólo 24,5% de la masa laboral alimenta el régimen de seguridad social. De acuerdo con los datos oficiales, el cúmulo de personas que está en edad de hacerlo representa 58% de la población.
La baja participación, la informalidad y el mantenimiento de la población inactiva -que desde hace años no deja de representar 35% de la fuerza laboral- pone al Estado a destinar una importante cantidad de recursos hacia este tema, y cada vez es más el dinero que transfiere por este concepto.Se duplicarán pensionados
Según los datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), ente adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo, en los últimos nueve años el aporte estatal pasó de representar 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta cerrar 2006 con una subida hasta 3,9% de la renta nacional.
Con la tendencia demográfica en ciernes, que implica un envejecimiento de la población venezolana a pasos agigantados, el sostenimiento del sistema previsional podría convertirse en un tema difícil en un país donde las reformas en la materia aún no se ponen en práctica.
Actualmente existen 1.300.000 personas que cobran la jubilación del IVSS, alrededor de 65% de casi 2.000.000 de personas que están en edad de hacerlo pero, si las proyecciones no fallan, los candidatos a pensiones por vejez rondarán los 4.000.000 de personas en 2015, apenas dentro de siete años, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) que están basadas en el Censo 2001.
Estas mismas proyecciones indican que en un septenio la población mayor de 55 años de edad crecerá 38,2%, pero este segmento ya arrastra un repunte de 37% para los siete años anteriores. Mientras tanto, en los datos del INE se puede apreciar que la población más joven crece con más cuidado: para el año 2015 habrá aumentado 4,8%, al tiempo que entre 2000 y 2007 ya registró un aumento de 7%.
Estas señales de alarma todavía no han sido atendidas por el Gobierno, cuya reforma previsional data del año 2002, y todavía con los seis años a cuestas no ha habido adelanto alguno en la materia.Políticas incompletas
El enfoque en la política gubernamental en este sentido se ha basado en la posibilidad de incrementar la base de contribuyentes de la seguridad social. Para ello el Ejecutivo aprobó en el año 2006 la solvencia laboral, requisito obligatorio para, entre otras cosas, solicitar dólares a cotización oficial. Para obtener el documento las empresas deben estar al día con el IVSS y el Banavih, además de cumplir con otros pasos.
Por su parte, el régimen de pensiones sigue en el congelador y ahora más que nunca estará allí, pues la Asamblea Nacional anunció a principios de este año que modificará de nuevo la Ley de Seguridad Social para darle un toque socialista.
Ese pincelazo incluye la creación de un fondo para informales, el cual permitirá que los trabajadores de ese sector coticen al IVSS. Esto, por un lado ampliará la base de contribuyentes, pero también significará un incremento en el número de beneficiarios del sistema de seguridad social.
El retardo en la aplicación del esquema de seguridad social tiene varias razones. Por un lado, la inversión del Estado era bastante elevada y organismos gubernamentales alertaron hace siete años, cuando estaba a punto de aplicarse la reforma previsional, que para el primer año de vigencia el costo representaría 11,3% del PIB.
Por su parte, los trabajadores debían aportar, sólo por su participación en pensiones, 13% de su salario, sin contar con las cotizaciones para participar en otros beneficios.
Una elevada tasa de inactividad laboral junto a un importante porcentaje de trabajadores que se desempeñan por su cuenta complican las posibilidades de mejorar el financiamiento del sistema de pensiones.
Estos grupos no cotizan a la seguridad social, el primero porque no tiene intención alguna de trabajar, mientras que los informales no lo hacen porque, en muchos casos, no están inscritos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Entre ambos suman 11.486.675 -sin contar con los incapacitados para laborar- las personas que pudieran cotizar al esquema previsional, pero que no lo hacen.
En contraposición, apenas 4,7 millones de personas cotizaban al IVSS a finales del año pasado, según los datos oficiales, lo que implica que tan sólo 24,5% de la masa laboral alimenta el régimen de seguridad social. De acuerdo con los datos oficiales, el cúmulo de personas que está en edad de hacerlo representa 58% de la población.
La baja participación, la informalidad y el mantenimiento de la población inactiva -que desde hace años no deja de representar 35% de la fuerza laboral- pone al Estado a destinar una importante cantidad de recursos hacia este tema, y cada vez es más el dinero que transfiere por este concepto.Se duplicarán pensionados
Según los datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), ente adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo, en los últimos nueve años el aporte estatal pasó de representar 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta cerrar 2006 con una subida hasta 3,9% de la renta nacional.
Con la tendencia demográfica en ciernes, que implica un envejecimiento de la población venezolana a pasos agigantados, el sostenimiento del sistema previsional podría convertirse en un tema difícil en un país donde las reformas en la materia aún no se ponen en práctica.
Actualmente existen 1.300.000 personas que cobran la jubilación del IVSS, alrededor de 65% de casi 2.000.000 de personas que están en edad de hacerlo pero, si las proyecciones no fallan, los candidatos a pensiones por vejez rondarán los 4.000.000 de personas en 2015, apenas dentro de siete años, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) que están basadas en el Censo 2001.
Estas mismas proyecciones indican que en un septenio la población mayor de 55 años de edad crecerá 38,2%, pero este segmento ya arrastra un repunte de 37% para los siete años anteriores. Mientras tanto, en los datos del INE se puede apreciar que la población más joven crece con más cuidado: para el año 2015 habrá aumentado 4,8%, al tiempo que entre 2000 y 2007 ya registró un aumento de 7%.
Estas señales de alarma todavía no han sido atendidas por el Gobierno, cuya reforma previsional data del año 2002, y todavía con los seis años a cuestas no ha habido adelanto alguno en la materia.Políticas incompletas
El enfoque en la política gubernamental en este sentido se ha basado en la posibilidad de incrementar la base de contribuyentes de la seguridad social. Para ello el Ejecutivo aprobó en el año 2006 la solvencia laboral, requisito obligatorio para, entre otras cosas, solicitar dólares a cotización oficial. Para obtener el documento las empresas deben estar al día con el IVSS y el Banavih, además de cumplir con otros pasos.
Por su parte, el régimen de pensiones sigue en el congelador y ahora más que nunca estará allí, pues la Asamblea Nacional anunció a principios de este año que modificará de nuevo la Ley de Seguridad Social para darle un toque socialista.
Ese pincelazo incluye la creación de un fondo para informales, el cual permitirá que los trabajadores de ese sector coticen al IVSS. Esto, por un lado ampliará la base de contribuyentes, pero también significará un incremento en el número de beneficiarios del sistema de seguridad social.
El retardo en la aplicación del esquema de seguridad social tiene varias razones. Por un lado, la inversión del Estado era bastante elevada y organismos gubernamentales alertaron hace siete años, cuando estaba a punto de aplicarse la reforma previsional, que para el primer año de vigencia el costo representaría 11,3% del PIB.
Por su parte, los trabajadores debían aportar, sólo por su participación en pensiones, 13% de su salario, sin contar con las cotizaciones para participar en otros beneficios.
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