Cervecera con negocios en Cuba le crea conflicto a John McCain

LESLEY CLARK / The Miami Herald
WASHINGTON
John McCain y su esposa Cindy, quien es propietaria del tercer distribuidor de Anheuser-Busch en Estados Unidos, lo que significa que se beneficiaría de asociarse con una empresa que hace negocios con el gobierno cubano.
La fusión pendiente de el gigante cervecero estadounidense Anheuser-Busch y una empresa belga que fabrica y vende cerveza en Cuba ha colocado inesperadamente a John McCain en el centro de las controversiales relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Cindy, la esposa de McCain, es propietaria del tercer distribuidor de Anheuser-Busch en Estados Unidos, lo que significa que se beneficiaría de asociarse con una empresa que hace negocios con el gobierno cubano.
McCain es un defensor a ultranza del embargo que prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios en Cuba, y uno de los asuntos por resolver en el trato de $52,000 millones es si el gigante cervecero belga InBev --que se espera opere bajo el nombre de Anheuser-Busch-InBev-- seguirá comercializando su línea de cerveza hecha en Cuba y qué puede significar eso para los distribuidores estadounidenses.
Para complicar más el asunto para McCain, una familia de exiliados cubanos con una larga tradición de fabricación de cerveza en Cuba antes de Castro, alega que InBev usa ilegalmente la marca de cerveza Cristal, que la familia estableció en Cuba antes que Castro la interviniera en 1960.
"Se pueden aplicar tecnicismos jurídicos, pero la clave del asunto es si se infringen los derechos de propiedad'', dijo Nicolás Gutiérrez, abogado de la familia Blanco Herrera, de Key Biscayne.
Según las declaraciones financieras, Cindy McCain también tiene acciones en Anheuser-Busch y pudiera ganar hasta $2 millones si las vende después de la fusión.
La campaña de McCain no respondió a preguntas sobre si la empresa distribuidora de su esposa en Arizona, Hensley and Co., seguiría comercializando productos de InBev después que se concrete la fusión. La compañía privada, con ventas anuales calculadas entre $150 y $200 millones, ya distribuye productos de InBev, como las cervezas Stella Artois, Beck's y Lowenbrau.
Un veterano partidario de McCain dijo que el senador por Arizona ha mantenido una separación absoluta entre él y los negocios de su esposa y que los nuevos dueños no cambiarán esa relación.
"Vincular a InBev, John McCain y la política hacia Cuba es una exageración ridícula'', dijo Ana Navarro, de Miami, que conoce a McCain desde hace años y es copresidenta de su Consejo Nacional Asesor Hispano. "Primero, porque John McCain no tiene ninguna relación con los negocios de su esposa, y segundo porque el negocio [de su esposa] no tiene nada que ver con la venta de Anheuser-Busch. ¿Acaso Publix controla las decisiones de Frito-Lay?"
InBev no ha dicho si mantendrá lo que califica de modestos intereses en Cuba.
Dos de los principales partidarios de McCain en la Florida, los representantes Lincoln y Mario Diaz-Balart, republicanos por Miami, criticaron el acuerdo InBev-Anheuser Busch anteriormente este mes, diciendo que estaban ‘profundamente preocupados'' de que Anheuser-Busch está a punto de ser adquirida por una empresa "con vínculos con la dictadura cubana, un Estado que patrocina el terrorismo''.
Un portavoz de los Diaz-Balart dijo el martes que los dos legisladores no han cambiado de idea sobre sus posiciones.
Los países europeos no tienen obstáculos para hacer negocios en Cuba y una portavoz de InBev dijo que la empresa "revisa continuamente'' sus actividades comerciales para cumplir las leyes internacionales.
Marianne Amssoms, vicepresidenta de comunicaciones globales de InBev, afirmó que los intereses de la empresa en Cuba se manejan desde Europa. No comentó sobre las alegaciones de la familia Blanco Herrera pero dijo que los intereses de InBev en Cuba "no infringen las leyes de Estados Unidos, la Unión Europea ni ninguna ley internacional''. Agregó que en estos momentos la empresa --que ocupa el segundo lugar en el mercado cubano de cerveza-- fabrica, distribuye y vende cerveza Beck's, Bucanero, Cristal y Mayabe en Cuba a través de un acuerdo con el Ministerio de la Alimentación de Cuba.
Amssoms dijo que las operaciones de InBev en Cuba son menos de 0.5 por ciento de las operaciones mundiales de la empresa. Según la página electrónica de la empresa, en su planta en Holguín trabajan 570 empleados a tiempo completo.
Un portavoz del Departamento del Tesoro --que supervisa las normas del embargo conjuntamente con el Departamento de Estado-- dijo que la entidad todavía no puede comentar sobre si el embargo se aplicaría a la nueva firma fusionada o cómo ésta podría verse afectada por la ley del embargo.
Gutiérrez dijo que tiene la esperanza de que la renovada atención sobre InBev resulte en una solución para la familia Blanco Herrera, quienes contactaron infructuosamente a InBev en el 2001 sobre el uso de la marca registrada Cristal.
"Todo este problema tendría solución si McCain decidiera salir y decir: ‘Yo no voy a meterme en asuntos empresariales, pero denuncio las operaciones de InBev en Cuba y denuncio especialmente el uso de propiedad confiscada' '', afirmó Gutiérrez.
Ramón Blanco Herrera, cuya familia fundó la cervecera en Cuba en 1888, dijo que sus familiares buscaban respeto para las reclamaciones de propiedad.
"Una cosa es que el gobierno comunista de Cuba trafique con propiedades robadas'', afirmó en una declaración por escrito. "Pero otra cosa completamente diferente es que una empresa multinacional respetada como InBev trafique a sabiendas con nuestra propiedad sin nuestro consentimiento o autorización''.
Dijo que no creía que la situación fuera a crearle un problema a McCain.
"Esperamos que cualquiera de los dos candidatos haga cumplir la Ley Helms-Burton porque se relaciona con nuestra demanda'', dijo. La Ley Helms-Burton castiga a las compañías extranjeras que usan propiedades expropiadas a ciudadanos cubanos en la isla y que desde entonces se han naturalizado estadounidenses.
"InBev tiene que resolver este asunto con nosotros, así como las autoridades estadounidenses que tienen la responsabilidad directa de aprobar la adquisición de AB'', escribió Blanco Herrera. ‘‘Nuestra intención es asegurar que todas las autoridades estadounidenses tengan conciencia del problema y esperamos que convenzan a InBev de que le busque una solución'.