Los patriotas cooperantes se han utilizado para infiltrar las protestas | EFE
Tribunales comenzaron a admitir esta figura durante procesos penales en el primer trimestre de 2011
El 31 de marzo de 2011, funcionarios de la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército tuvieron que caminar durante seis horas por trochas dentro del parque nacional Yapacana, orientados por individuos no identificados, para allí lograr detener a dos colombianos y dos venezolanos que supuestamente se dedicaban a la minería ilegal.
En el expediente del juicio realizado ante un tribunal de control de Puerto Ayacucho, a esas personas no identificadas se les denominó “patriotas cooperantes”.
Ese fue el primer proceso, del que se tenga conocimiento, en el que intervinieron individuos cobijados bajo una figura que, según el abogado Héctor Turuhpial, es propia de una justicia sin rostro.
Desde entonces los “patriotas cooperantes” han aportado datos en juicios penales adelantados en Zulia, Falcón y Carabobo por hechos de supuesta corrupción y contrabando investigados por el Sebin. A partir de febrero, indicó la abogada de Fundeci Elenis Rodríguez, se incorporaron como agentes encubiertos a los expedientes por supuestos delitos cometidos durante las manifestaciones contra el gobierno.
Defensa del régimen. El concepto de “patriota cooperante” comenzó a ser institucionalizado luego de la creación del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en junio de 2010. Fuentes ligadas a ese cuerpo señalaron que el principal promotor fue el comisario general David Colmenares, quien para entonces estaba al frente de la Dirección de Contrainteligencia del organismo.
En agosto de ese año, Colmenares declaró que se desarrollaban talleres para la conformación de redes con este tipo de informantes “en todos los rincones del país”.
Documentos obtenidos por el sitio web análisis24.com (actualmente inactivo) indican que los “patriotas cooperantes” debían ser “personas con ideología revolucionaria, firme e inquebrantable”.
Los primeros núcleos se formaron entre la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, empresas básicas como Corpoelec, el Metro y alcaldías, en planteles educativos oficiales y en los vecindarios a través de los consejos comunales.
Una fuente de la institución informó que el término ya era utilizado ocasionalmente antes de que la Disip fuese suprimida, y que a Colmenares le tocó formalizarlo e incorporarlo a los procedimientos. Según el reglamento de la policía política, la Dirección de Contrainteligencia es una de las 6 unidades del nivel operativo. Su objetivo es “planificar, ejecutar, supervisar y controlar las estrategias para descubrir y neutralizar las amenazas internas, que atenten contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación”.
La figura del “patriota cooperante” es una “traspolación perversa” de los agentes encubiertos que prestan un servicio en países que sí tienen una verdadera amenaza terrorista, explica Turuhpial.
“El problema parte del momento en que se altera el trato a la protesta pacífica para verla como si fuesen actos de terrorismo. Esto es propio de países dictatoriales en los que se aplica la doctrina de seguridad de Estado. Las actividades de las personas que difieren o que son opositoras son vistas como potencialmente desestabilizadoras”, aseveró.
Formación a gusto. Para constituirse en “patriota cooperante”, la persona debe pasar por un proceso de inducción que según fuentes del Sebin puede durar desde dos semanas hasta dos meses. La enseñanza se prolonga en función de las habilidades y el medio en el que se recopilará la información.
Un documento interno referido a este particular establece que si el aspirante labora en algún organismo oficial, esa institución debería dar parte de los recursos que serán utilizados para la enseñanza.
Se enseña a manejar artículos de telefonía y microfonía, “detección de amenazas”, manejo y análisis de redes sociales y redacción de reportes, entre otras actividades.
Una de las funciones de estos informantes también es reclutar a nuevas personas en el lugar donde se desempeñan.
El abogado Gonzalo Himiob ha podido constatar la existencia de estos informantes en las investigaciones a las protestas efectuadas en Prados del Este y en el estado Lara. Dijo que 80% de los casos conocidos por el Foro Penal menciona esta figura en sus primeras páginas.
Elenis Rodríguez afirmó que los señalamientos anónimos han desencadenado allanamientos como el llevado a cabo por la GNB en la vivienda de Rodolfo González, en Macaracuay.
“Lo más triste es que los venezolanos hayamos caído en eso de estar delatando al amigo o al vecino”, expresó.
Cobros secretos
Los “patriotas cooperantes” son definidos como un recurso humano “no nominado”, es decir, que no figura en la nómina oficial de la policía política. Eso no quiere decir que dejen de cobrar por las actividades. Una fuente interna señaló que son pocos los informantes que actúan solamente por convicción política. La mayoría obtiene dinero a cambio de los datos que aporta. Los fondos entregados a Contrainteligencia para tales pagos son de la partida de “gastos de seguridad de la nación”.
Cuando se produce el reclutamiento, el jefe de la base de Contrainteligencia llena una ficha en la que se incorpora una foto del “patriota cooperante”, así como su identificación plena, sus datos filiatorios y sitio de votación. La mayoría de ellos tiene una credencial de la institución. Este documento suele ser anulado cuando es designado un nuevo director de la policía política.
24.000 “patriotas cooperantes” quería reclutar la Dirección de Contrainteligencia del Sebin antes de diciembre de 2011.
