Un documento de 52 páginas fue sometido a consideración del juez Paul Crotty por Preet Bharara, fiscal del caso
En el documento consignado ante la Corte, en
el cual son procesados Campos Flores y Flores de Freitas, se precisa que
la conspiración es una ofensa distinta al delito de drogas. El gobierno
de Maduro hará públicos los nombres de los agentes de la DEA
El gobierno de Estados
Unidos presentó 14 instrucciones necesarias ante la Corte del Distrito
Sur de Nueva York, para que les sean entregadas a los miembros del
jurado que actuarán en el juicio, prautado para el 8 de noviembre,
contra los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio
Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados de haber
violado las leyes antinarcóticos estadounidenses.
Un documento de 52 páginas fue sometido a consideración del juez Paul Crotty por Preet Bharara, fiscal del caso, en el que Bharara establece que se incluyan las siguientes materias, entre ellas, las funciones de la Corte y el jurado, la declaración de la Corte y de la defensa de no evidencia, reglas de evidencia y objeciones, pruebas y presunción de inocencia, la duda razonable, el gobierno es tratado como cualquier otra parte, credibilidad de los testigos, interés en el resultado, el juramento como miembros del jurado, el castigo no debe ser considerado por el jurado y el veredicto de culpabilidad o inocencia debe ser unánime.
El documento de la Fiscalía aclara que Campos Flores y Flores de Freitas están formalmente acusados del cargo de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y de fabricar o distribuir cocaína a sabiendas y con la intención de que sería importada a Estados Unidos, en violación del Título 21 del Código de Estados Unidos, Secciones 952 (a), 959 (a), y 963.
Bharara señala que los miembros del jurado deben saber que hay dos acusados y que cada uno debe ser tratado por separado, por lo que se debe emitir un veredicto por separado, el cual debe tener en cuenta que la culpa es personal e individual, por lo que debe basarse únicamente en la evidencia acerca de cada acusado.
Para fundamentar la acusación de conspiración, el gobierno debe probar su existencia desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2015. Esto significa que durante ese tiempo se originó un entendimiento entre dos o más personas para incurrir en el delito.
El documento explica a los jurados que la conspiración se refiere a una ofensa distinta y separada de la operación de importación o la distribución o fabricación de una sustancia controlada.
El gobierno de Maduro actúa. A través de un correo oficial, el gobierno de Nicolás Maduro señala que en los próximos días difundirá las identidades de los informantes confidenciales de la DEA, CS-1 y CS-2, que se reunieron en Caracas en 2015 con los acusados de conspirar para traficar a Estados Unidos 800 kilos de cocaína.
En un informe obtenido se asegura que “el Ministerio Público aperturó una investigación penal contra los dos informantes contratados por el gobierno de Estados Unidos de América para instigar al delito y realizar labores de espionaje”. Más adelante sostienen que “los dos narcotraficantes ingresaron a Venezuela con pasaportes falsos que les fueron provistos por la agencia DEA y que viajaron desde México a Caracas”. El documento afirma que los dos personajes fueron identificados plenamente y sus identidades serán hechas públicas a los medios de comunicación.
Un documento de 52 páginas fue sometido a consideración del juez Paul Crotty por Preet Bharara, fiscal del caso, en el que Bharara establece que se incluyan las siguientes materias, entre ellas, las funciones de la Corte y el jurado, la declaración de la Corte y de la defensa de no evidencia, reglas de evidencia y objeciones, pruebas y presunción de inocencia, la duda razonable, el gobierno es tratado como cualquier otra parte, credibilidad de los testigos, interés en el resultado, el juramento como miembros del jurado, el castigo no debe ser considerado por el jurado y el veredicto de culpabilidad o inocencia debe ser unánime.
El documento de la Fiscalía aclara que Campos Flores y Flores de Freitas están formalmente acusados del cargo de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y de fabricar o distribuir cocaína a sabiendas y con la intención de que sería importada a Estados Unidos, en violación del Título 21 del Código de Estados Unidos, Secciones 952 (a), 959 (a), y 963.
Bharara señala que los miembros del jurado deben saber que hay dos acusados y que cada uno debe ser tratado por separado, por lo que se debe emitir un veredicto por separado, el cual debe tener en cuenta que la culpa es personal e individual, por lo que debe basarse únicamente en la evidencia acerca de cada acusado.
Para fundamentar la acusación de conspiración, el gobierno debe probar su existencia desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2015. Esto significa que durante ese tiempo se originó un entendimiento entre dos o más personas para incurrir en el delito.
El documento explica a los jurados que la conspiración se refiere a una ofensa distinta y separada de la operación de importación o la distribución o fabricación de una sustancia controlada.
El gobierno de Maduro actúa. A través de un correo oficial, el gobierno de Nicolás Maduro señala que en los próximos días difundirá las identidades de los informantes confidenciales de la DEA, CS-1 y CS-2, que se reunieron en Caracas en 2015 con los acusados de conspirar para traficar a Estados Unidos 800 kilos de cocaína.
En un informe obtenido se asegura que “el Ministerio Público aperturó una investigación penal contra los dos informantes contratados por el gobierno de Estados Unidos de América para instigar al delito y realizar labores de espionaje”. Más adelante sostienen que “los dos narcotraficantes ingresaron a Venezuela con pasaportes falsos que les fueron provistos por la agencia DEA y que viajaron desde México a Caracas”. El documento afirma que los dos personajes fueron identificados plenamente y sus identidades serán hechas públicas a los medios de comunicación.
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