Si en Venezuela es difícil obtener un
pase de salida provisional por la escasez de material, en el exterior es
aún más cuesta arriba que venezolanos obtengan respuestas que garantice
su libertad de tránsito.
Mariela lleva 16 años viviendo en
Francia. En 2009 viajó a Venezuela para renovar el pasaporte, pero como
no se lo entregaron a tiempo tuvo que regresar a Europa sin el
documento. No se fue del país sin antes tener un permiso provisional de
salida, que autorizó el Servicio Administrativo de Identificación
Migración y Extranjería, y de que le dieran la opción de que un familiar
autorizado retirara el pasaporte, que jamás fue entregado. En siete
años el Consulado de Venezuela en Francia nunca le solventó el
problema; y, dada la escasez de material, la única solución que le
ofrecieron fue otorgarle otro permiso provisional para volver a su país a
repetir el trámite. Volvió en diciembre pasado y se encontró con la
crisis y la escasez de material para garantizar el derecho a la
identidad.
Pese a que tomó la previsión de estar
dos meses en Venezuela para finiquitar la diligencia, no fue
suficiente. En la sede central del Saime, en Caracas, expuso su caso y
le dijeron que no hay solución porque está bloqueada en el sistema por
no retirar el pasaporte en 2009. Como mínimo pasará un mes para volver a
solicitar una cita, pero no tendrá el documento antes de marzo por la
falta del policarbonato –material que se importa de Alemania– para
elaborarlo.
“Estoy en un país en crisis económica
y moral. Me pidieron 500 dólares para darme el pasaporte en una semana.
Esto es una mafia”, denuncia.
En otras partes la historia es
similar. El Consulado de Venezuela en Estados Unidos no atiende los
teléfonos ni responde correos electrónicos. Rivero reside en Miami desde
1979 y ahora que afronta problemas para renovar su documento porque el
Saime no le fija cita, no puede viajar al país con pasaporte
estadounidense pese a que ya tiene esa ciudadanía. “No puede ser que no
tenga derecho de ir a abrazar a mi familia”, se queja.
Los hijos de nadie. Hay
quienes no pueden entrar a su país y quienes ni siquiera pueden tener
una cédula que los identifique como venezolanos. Los hermanos Longart
migraron a España con sus partidas de nacimiento cuando tenían 8, 4 y 3
años de edad. Hoy, 14 años después, son considerados apátridas; es
decir, personas que no cuentan con una nacionalidad. Y el consulado de
Venezuela en ese país no les da soluciones. Solo los censó.
Luego de 14 años los hermanos Longart
debían renovar pasaporte, pero sin la cédula que jamás obtuvieron
porque se fueron antes de cumplir 9 años de edad no pueden gestionar ese
documento. El mayor necesita el pasaporte renovado para hacer pasantías
y graduarse; el menor lo requiere con el fin de ingresar a la
universidad, y el otro para aceptar las becas que se ganó en países de
Europa. Sus vidas están paralizadas.
La única manera de tramitar el
documento es que la familia viaje a Venezuela con el propósito de
resolver el problema legal. La madre, María Elena Longart, señala que no
cuenta con recursos económicos para pagar el pasaje de sus hijos, su
esposo y el de ella misma. El consulado lo sabe, pero la única opción
que les da es censarlos para que figuren en una lista de venezolanos
que se encuentran en situación similar.
El abogado Carlos Trapani, experto en
derechos de niños, niñas y adolescentes, explica las oficinas
consulares no tienen competencia para emitir los documentos de
identificación, pero en vista de que hay casos de niños que se fueron
del país antes de poder gestionar una cédula por ser menores de 9 años
de edad, deben reformarse las competencias.
“En el escenario más crítico se
extiende la prórroga del pasaporte, pero pueden hasta perder la
residencia en donde están viviendo. El gobierno debe adoptar mecanismos
porque si es un requisito tener cédula para renovar el pasaporte, se le
debe dar esa competencia a las oficinas consulares para permitir la
identificación de los niños. No solo en desde el punto de vista
jurídico, sino también como política pública”, dice el especialista.
María Elena Longart pudo viajar a
Venezuela porque la empresa en la que trabaja realiza anualmente un
evento para cumplir el sueño de algún empleado. Todos los trabajadores
votan por el compañero de su preferencia. Este año Longart fue operada
por padecer cáncer de mama, y por esa razón decidieron regalarle un
pasaje para que visitara a su familia en el país. Aprovechó para pedir
ayuda en el Saime, pero allí desconocen que existen trabas y que hay un
censo de venezolanos sin identidad. Tampoco dan una solución. “Temo que
mis hijos sean deportados porque están ilegales”, expresa.
En el Líbano está otro venezolano, de
22 años de edad, de quien su madre, también nacida en Venezuela,
prefirió no revelar la identidad. En 1996 migraron a Siria porque sus
abuelos nacieron allí, y no volvieron debido al alto precio de los
pasajes. Tras la guerra en ese país el joven cruzó la frontera hacia el
Líbano con el fin de ganar dinero y tratar de resolver su problema. Duda
sobre viajar a Venezuela, donde no hay material para el documento.
“Estamos intentando que la embajada
le haga una prórroga de urgencia al pasaporte vencido porque es algo que
se hace en esos casos de emergencia, y así pueda regresar a Siria a
casa de su familia. En el Líbano lo han multado ya 3 veces con 100
dólares cada una. Estamos esperando respuesta del consulado venezolano
en el Líbano”, manifestó la mujer.
Piden que TSJ agilice decisión sobre gratuidad del pasaporte para niños
Desde marzo de 2015 la Asociación
Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje espera que el Tribunal Supremo
de Justicia agilice la decisión sobre el cobro del trámite de pasaporte
a niños y adolescentes que establece la reforma de la Ley de Timbre
Fiscal promulgada vía habilitante.
Cecodap señala en su recurso que la
normativa genera un conflicto en relación con el pago de tasas para la
expedición y renovación en el país de pasaporte a niños, niñas y
adolescentes porque “implica una violación del principio de gratuidad
reconocido en la Ley Orgánica para la Protección de niños, Niñas y
Adolescentes”, y además es una medida regresiva que elimina la
exoneración de que gozaban los niños y amenaza el derecho de obtener
documentos públicos de identidad que establece el artículo 22 de la
Lopnna.
CIFRA
69% de los
encuestados por la cuenta @ReporteYa con el fin de conocer cómo ha sido
la experiencia para solicitar pasaporte, respondieron que siguen en
espera. Solo a 27% de 157 usuarios se lo entregaron. A 4% le dieron uno
provisional
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