El Frente Institucional Militar
señaló que el gobierno avanza en su plan de realizar una razzia en los
cuarteles y de allí la persecución de oficiales de diferentes grados,
durante los últimos 20 días.
El presidente del FIM, vicealmirante
retirado Rafael Huizi Clavier, dijo: “Nicolás Maduro busca consolidar su
propia ala dentro de la Fuerza Armada, al punto de que el ministro de
la Defensa, Vladimir Padrino, pareciera volverse su aliado. La crisis en
la institución castrense es más profunda de lo que se cree y comienza a
alcanzar a varias piezas importantes del 4 de febrero. La purga se
desarrolla sutilmente contra la facción que le es adversa”.
Añadió que la detención del general
de División Víctor Antonio Cruz Weffer, ex comandante del Ejército y
quien fue presidente del Plan Bolívar 2000, en este momento tiene una
motivación política que se enlaza con la bandera anticorrupción que
busca vender el gobierno desde que la llegada al Ministerio Público del
fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab.
Recordó que Cruz Weffer, privado de
libertad el martes en la noche, no pertenece a la camada del 4-F, pero
fue muy cercano a Hugo Chávez.
Huizi Clavier señaló que luego de la
detención del ex ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres aún no
está claro el paradero del mayor general retirado Alexis López Ramírez,
ex comandante del Ejército y ex secretario del Consejo de Defensa de la
Nación. “Rodríguez Torres fue el oficial, entonces capitán, encargado de
tomar preso al presidente el 4-F. Además fue director de la Academia
Militar y con ascendencia sobre oficiales subalternos hoy en cargos de
comando”, expresó.
El vicealmirante retirado Jesús
Briceño García, integrante del FIM y de la Comisión de
Reinstitucionalización de la FANB en la AN, cree que dentro de las
unidades militares hay una lucha de poder.
Señaló: “La detención del general
Cruz Weffer es un campanazo para los militares que han asumido cargos
públicos; se habla de más de 1.600 en los últimos años. Están expuestos a
la dinámica política de los grupos de poder. Siempre alertamos de los
efectos de la desjerarquización de la organización castrense y de los
riesgos de participar en un programa como el Plan Bolívar 2000 que se
convirtió en un foco de denuncias de corrupción y de la politización de
la Fuerza Armada”.
Voluntad Popular ratificó ayer las
denuncias sobre la violación de derechos a los militares detenidos, en
medio de una investigación por conspiración. “Nuestro interés es una
FANB unida, honorable e institucional, capaz de defender los más altos
intereses de la nación, nuestra soberanía y libertad. El hambre, la
decepción y la represión del régimen han llegado a los cuarteles. Ante
el clamor legítimo de libertad, Maduro amenaza y persigue a los soldados
y oficiales que exigen bienestar, respeto y libertad”, señaló el
diputado Sergio Vergara.
Imputación de vieja data.
En 2007 el Ministerio Público imputó al general Cruz Weffer de los
delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en la
declaración jurada de patrimonio. En 2013 la Sala Constitucional del TSJ
ordenó el enjuiciamiento del alto oficial e instruyó a la Sala de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas para que respondiera
el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Luego no
hubo mayor información sobre el caso.
El general Gonzalo García Ordóñez, ex
jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada, recuerda a Cruz Weffer
como un oficial brillante con un liderazgo discreto y efectivo dentro de
los cuarteles: “Nunca le conocí enemigos en la organización militar”.
García Ordóñez, compañero de
promoción del alto oficial detenido el martes, dijo que al general, como
a todos los venezolanos, se le debe garantizar el debido proceso y una
investigación penal ajustada a la Constitución y a las leyes.
Eldato
El general de división retirado
Víctor Antonio Cruz Weffer, detenido el martes, pertenece a la promoción
“General en Jefe Justo Briceño Otalora” egresada del Ejército en 1973.
En diciembre del año pasado, el fiscal general designado por la ANC,
Tarek William Saab, dijo que durante la administración de Luisa Ortega
Díaz se ordenó paralizar la investigación por hechos de corrupción
contra el oficial.
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