Foto: Archivo
EFE
El Tribunal Supremo en el exilio ordenó este martes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que "desconozca" al régimen del presidente Nicolás Maduro y "restablezca" el orden constitucional y el Estado de derecho en la nación.
En una sentencia emitida por la Sala Constitucional del TSJ
en el exilio se exige a "jueces, fiscales, funcionarios policiales y
militares" que ejecuten "acciones contundentes para frenar la
injusticia, la arbitrariedad, el abuso y la conculcación de derechos"
cometidos por el régimen "inconstitucional" de Maduro.
El Tribunal Supremo "legítimo", como se auto denomina este órgano
judicial compuesto por jueces nombrados por el Parlamento (de mayoría
opositora), llama a todos los ciudadanos y fuerzas públicas venezolanas a
"detener el régimen inconstitucional" en poder de un Gobierno entregado
a la "ilegalidad y la fuerza", según el documento al que Efe tuvo
acceso.
Apelando a los artículos 333 y 350, afirma que la Constitución
consagra el derecho universal por el que los ciudadanos "tendrán
siempre el derecho a desconocer cualquier régimen, legislación o
autoridad que contraríe los valores, principios y garantías
democráticas".
Un derecho que, prosigue el tribunal, "ejerce el pueblo por medio de
la resistencia civil" para "restablecer el imperio de la ley" y
"rescatar los derechos humanos y constitucionales vulnerados".
Advierte finalmente en la sentencia que "incurren en responsabilidad
penal, civil y administrativa" todos aquellos militares o componentes de
la FAN cuyos actos en el ejercicio del poder público "menoscaben los
derechos garantizados por esta Constitución", además de resultar nulos.
La sentencia se dictó en respuesta al "Recurso de Interpretación del
Artículo 350" interpuesto por varias organizaciones de militares
retirados, entre ellas el Frente Institucional Militar (FIM), la Alianza
Militar por Venezuela y la Fundación Orión.
La Sala Constitucional del TSJ en el exilio está
integrada por su presidente, Miguel Ángel Martín, y los jueces Elenis
del Valle Rodríguez, Coromoto Cioly Zambrano, Luis Manuel del Valle
Marcano, Zuleima del Valle González y Gustavo José Sosa Izaguirre, con
ponencia del magistrado Gabriel Ernesto Calleja.
El Parlamento controlado por la oposición, designó en julio del año pasado a 33 magistrados para el Tribunal Supremo,
con la idea de que reemplazaran a 33 jueces en ejercicio de esa
instancia, al considerar que están al servicio del Gobierno y que en su
nombramiento hubo graves irregularidades.
Ese Supremo que funciona en el exilio se autodenomina "legítimo" al
considerar que el que funciona en Caracas fue nombrado "sin que se
cumplieran los requisitos constitucionales". |
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