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viernes, 1 de mayo de 2020

José I. Hernández: Entregar Amuay al Consorcio Khatam de Irán es inconstitucional


El procurador especial que designó la AN, José Ignacio Hernández, aseguró que la entrega de la Refinería Amuay a gobiernos extranjeros, como el de Irán, es ilegal e inconstitucional, además de que supone una privatización de facto de Pdvsa.


“La entrega de activos de Pdvsa a terceros violando la Constitución no es idea nueva del régimen de Maduro. Por el contrario, esa entrega comenzó en 2016, cuando Maduro cedió en garantía a favor de bonistas extranjeros la mayoría accionarial de Citgo, con el Bono Pdvsa 2020. La Asamblea Nacional se opuso al colateral sobre Citgo a favor de bonistas extranjeros en Acuerdo de 27 de septiembre de 2016. La decisión sólo fue rechazada por los diputados del régimen de Maduro. Hoy se pretende repetir la misma estrategia, entregando activos de Pdvsa, incluyendo la Refinería de Amuay, a terceros y a Gobiernos extranjeros en una clara privatización de facto que resulta inconstitucional”, señaló en Twitter.
Esto lo dijo en relación a la información divulgada hoy por el portal de investigación Primer Informe que revelaba que el nuevo ministro chavista de Petróleo, Tareck El Aissami, habría entregado el control de la refinería Amuay al régimen iraní.
“El recién designado Ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, dirigió las negociaciones con el alto gobierno de Irán para entregar el control de la Refinería de Amuay, a cambio de que los iraníes financien la reactivación de ese complejo de refinería para producir gasolina, indicaron fuentes con conocimiento de las negociaciones”, cita la nota.
“Los iraníes exigieron que como condición para llegar a un acuerdo, el propio El Aissami debía asumir la cartera petrolera con la suficiente autoridad para tomar todas las decisiones necesarias. Y exigieron adicionalmente designar a un nuevo presidente de Pdvsa que tuviera conocimiento del mercado petrolero”, acota.
Y además, señala que estos acuerdos fueron firmados por el acusado de narcotráfico en EEUU, y por quien se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares; y el Consorcio Khatam, que es un conglomerado de empresas que controla la cuestionada Guardia Revolucionaria de Irán, que construye además refinerías de petróleo.
La entrega de activos de PDVSA a terceros violando la Constitución no es idea nueva del régimen de Maduro. Por el contrario, esa entrega comenzó en 2016, cuando Maduro cedió en garantía a favor de bonistas extranjeros la mayoría accionarial de Citgo, con el Bono PDVSA 2020.
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La Asamblea Nacional se opuso al colateral sobre Citgo a favor de bonistas extranjeros en Acuerdo de 27 de septiembre de 2016. La decisión sólo fue rechazada por los diputados del régimen de Maduro.
Hoy se pretende repetir la misma estrategia, entregando activos de PDVSA, incluyendo la Refinería de Amuay, a terceros y a Gobiernos extranjeros, en una clara privatización de facto que resulta inconstitucional.
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