El centenar de «indultos» decretados por Maduro apuntan hacia la legitimidad electoral del 6D pues a decir del politólogo Fernando Spiritto, la oposición de la «mesita» no aporta el contrapeso político que Maduro requiere para las parlamentarias
El centenar de «indultos» decretados por Nicolás Maduro apuntan hacia la legitimidad electoral de las parlamentarias del 6-D y bajar el volumen a las sanciones internacionales.
La medida, anunciada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aunque fue recibida con alegría, no está exenta de cuestionamientos que van desde su basamento jurídico hasta el costo que cobrará la revolución a la oposición venezolana.
«Los indultos decididos por Maduro evidencian que hay un gobierno desesperado por legitimarse, el aislamiento internacional le resulta intolerable, y además las sancioners internacionales le pasan. Una primera lectura permite ver que buscan una línea de fuego de alguna parte y que detrás de esto, podría estar el lobby de países aliados como Rusia y China», asevera el politólogo Fernando Spiritto.
El analista añade que existe una jugada electoral tras los 110 «indultos». Sostiene que dado que el gobierno no da ningún paso sin calcular, falta por conocer qué tan caro resultara para la oposición mayoritaria el perdón presidencial.
Subraya que se confirma que la oposición de la «mesita» no aporta el contrapeso político que el gobierno de Maduro requiere para las parlamentarias. De allí, la jugada para propiciar que la oposición mayoritaria postule candidatos para el 6-D. El proceso de postulación, postergado dos veces, vence el 4 de septiembre, con lo cual se espera vayan despejándose los términos de la negociación.
En esta opinión coincide la consultora política Carmen Beatriz Fernández, para quien el centenar de «indultos» no se traduce en una rectificación democrática del gobierno. A su juicio, la medida obedece a la convicción, de que «la mesita» como oposición a la medida no le sirve a Maduro para ganar el mínimo reconocimiento al que aspira.
«¿A cambio de qué? A cambio de que parte de la Comunidad Internacional reconozca al nuevo parlamento post-electoral (cuya elección podría incluso postergarse)», escribió Fernández, en Twitter.
Tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos (OEA) han cuestionado la celebración de comicios sin garantías.
Fernando Spiritto puntualiza que la oposición que acordó con el gobierno de Maduro los «indultos», que incluyen a diputados y otros ciudadanos, debe aclarar al país en que se basó la transacción y qué espera conseguir.
De manera particular, el politólogo destaca que el excandidato presidencial Henrique Capriles, debe rendir cuentas y aclarar si, efectivamente, ha sido el gran interlocutor de la revolución.
Aunque el proceso electoral carece aún de garantías para ser unos comicios competitivos, Spiritto acota que un sector de la oposición salió del inmovilismo que ha caracterizado al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 60 país, y del extremismo que encarna María Corina Machado.
«En este momento nadie se está engañando, los venezolanos sabemos a qué nos enfrentamos. Aún así tenemos viva la esperanza de que nuestro país vuelva a la democracia, que se acabe el horror de la persecución y que se abran caminos para que los venezolanos decidan su futuro en paz», expresó Henrique Capriles, el 31 de agosto. Además, Capriles deseó que los «indultos» sean una «señal verdadera».
Indultos con cobro
El director de Datincorp, Jesús Seguías, califica como audaz la jugada de Maduro de conceder «indultos». De esta manera, cree que la medida es una carta fuerte que se ha puesto sobre la mesa opositora.
«Obvio, esto es un ‘dando y dando’. Es la hora de comenzar a hacer política y dejar de hablar pendejadas por las redes. Quedan prohibidos arranques emocionales», sostiene.
Seguías también se refiere a las reacciones generadas por la reciente medida de Maduro. «Se producen grandes rebeliones para exigir elecciones, y cuando se convocan entonces piden a la gente no votar. Se pide la liberación de los presos políticos, y cuando liberan a la mayoría de éstos, entonces se dice que Maduro no tiene derecho a indultar. ¿Difícil la cosa, no?», señala.
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Por otra parte, la consultora Carmen Beatriz Fernández cree que el perdón concedido por Maduro no se hubiera concretado sin la presión de las sanciones.
Al mismo tiempo, llamó la atención sobre una cadena de hechos clave que precedieron a los «indultos». Mencionó la carta de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) que sugiere una intermediación del Vaticano, un programa al ministro Vladimir Padrino López en Vale TV, el alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, mandando mensajes crípticos, la Cancillería española tan enterada y todo el empuje de Henriqie Capriles que, a su juicio, fue definitivo.
Indultos bajo lupa
El constitucionalista Juan Carlos Apitz señala que es motivo de alegría la libertad de cualquier ciudadano, porque salen «de las mazmorras donde estaban secuestrados», como ha ocurrido con los diputados y los otros beneficiados con los «indultos» de la revolución.
Sin embargo, jurídicamente pone sobre la lupa la medida. «En Venezuela, no hay estado de derecho desde hace muchisímos años. Aquí no cabía la figura del indulto, muchos de los diputados ni siquiera tenía juicio penal en contra ni sentencia condenatoria. El indulto, dentro de la gracia presidencial, a diferencia de la amnistía, es para perdonar a quienes han sido condenados. Este es el criterio mayoritario de la doctrina», enfatiza el constitucionalista.
Añade que la gran alerta es que los «indultos» parten de una premisa falsa de que los destinarios son culpables. «La palabra ‘indulto’ viene del origen latino que significa perdón, pero si no se ha cometido ningún delito, no hay nada que perdonar. Maduro se disfraza de perdona vidas», acota.
Apitz recuerda que el gobierno siempre ha negado que en el país existen presos políticos, más bien ha hablado de políticos presos, pero el perdón de Maduro lo confirma. De acuerdo con el Foro Penal, de la lista de 110 personas anunciada por el ministro Jorge Rodríguez, solo 50 son presos políticos.
Con el mecanismo escogido por Maduro se enrarece el ambiente político, señala Juan Carlos Apitz. Indica que los «indultos» ponen en tres y dos a los diputados sobre si participan o no en las elecciones parlamentarias.
Por otra parte, Apitz esboza que en el caso del sindicalista Rubén González, uno de los «indultados», ya el TSJ había admitido la nulidad del juicio militar en su contra.
Asimismo, el jurista enfatiza que, paradójicamente, el mismo gobierno que avala los «indultos» fue el que anuló, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Ley de Amnistía que aprobó la Asamblea Nacional (AN).
Contrario a lo expuesto por Juan Carlos Apitz, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, asegura que el indulto presidencial es procedente sin que medie una condena.
Esta afirmación la sustenta en el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP): «Decretado el indulto, o verificados por el Juez o Jueza los supuestos de la amnistía, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, se extinguirá la acción penal o la pena y cesará cualquier medida de coerción personal. El indulto produce la libertad inmediata del privado de libertad si fuera el caso».
Daniels, también abogado, argumenta que reconocer un indulto no significa haber cometido delito. Señala que como defensor de derechos humanos celebra los «indultos» porque debe cesar la persecución contra la disidencia.
«Damos la bienvenida a la medida aunque se haya dado dentro de unos acuerdos que no conocemos. Esperamos que no haya habido concesiones indebidas», subraya Alí Daniels.
Acceso a la Justicia recuerda que más de 96 diputados de oposición, disidentes de la oposición o del chavismo habían sufrido algún tipo de persecución política.
La cifra se desprende del seguimiento de las acciones del gobierno, y del TSJ, desde el 28 de diciembre de 2015 hasta el 20 de mayo de 2020.
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