La ley antibloqueo calza como anillo al dedo en tiempos de propaganda electoral, podría activar negocios petroleros y aumenta la discrecionalidad. Luis Vicente León indica que busca generar impacto en la opinión pública en tiempo electoral pero no amaina las sanciones; mientras que el constitucionalista Juan Carlos Apitz dice que permitirá desaplicar cualquier ley del ordenamiento jurídico vigente
La ley antibloqueo que el gobernante Nicolás Maduro envió a la Asamblea Constituyente calza como anillo al dedo en tiempos de propaganda electoral, podría activar negocios petroleros, aumenta la discrecionalidad del Ejecutivo. Por si fuera poco, abre la posibilidad de desaplicar cualquier ley del ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, no logra su oferta de atajar las sanciones internacionales.
Esa es la visión que tiene el grupo de consultados por TalCual para sopesar la llamada Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos que Maduro presentó el 29 de septiembre.
“Estamos en campaña y en un país en campaña se toman decisiones políticas que intentan, de alguna manera, generar impacto en la opinión pública. Pero la decisión de una ley antibloqueo, en realidad no tiene un objetivo. Digamos, no tiene ninguna posibilidad de amainar el bloqueo. Eso no existe, porque el bloqueo es externo”, enfatiza el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.
Para León, queda claro que la única forma que el gobierno de Maduro tendría de frenar el supuesto bloqueo, es negociar. “Pero La ley no es una ley de negociación. Entonces, simplemente es una ley para colocar el tema sobre la mesa, sobre la opinión pública, es decir, lo que quiere es triangular un hecho muy importante”, acota.
De esta manera, el presidente de Datanálisis expone que el intento de bloqueo busca apretar al gobierno y ayudar al proceso de negociación para provocar un rescate de la democracia, además de castigar a un gobierno que se considera ilegítimo.
“En realidad para la mayoría de la población, el bloqueo también significa un empeoramiento potencial de su vida. Tú no bloqueas de gasolina a Maduro, tú bloqueas de gasolina a un país. Tú no bloqueas de petróleo a Maduro, tú bloqueas de petróleo a todo el país”, señala.
Luis Vicente León pone sobre el tapete un dato clave: Alrededor de 77% de los venezolanos rechazan hoy a Maduro y lo responsabilizan de la crisis. Sin embargo, no se sienten identificados con las medidas de bloqueo y de sanciones, no creen que van a resolver el problema.
«El gobierno lo que va a intentar con toda la ley antibloqueo es colocar el debate de los impactos del bloqueo en la vida de la población, para intentar responsabilizar al bloqueo de una crisis que hoy la mayoría de la población todavía ubica en Maduro. Pero si construyes, colocas el tema, hablas del bloqueo, estás tratando de apelar a la idea de que ese bloqueo es responsable de la crisis del país. Eso no es cierto, pero lo que si es cierto es que la amplifica», agrega el presidente de Datanálisis.
Ley antibloqueo y propaganda
El politólogo Fernando Spiritto indica que la “ley antibloqueo” parece ser una especie de reempaquetamiento del régimen de emergencia que viene aplicando el gobierno desde hace algunos años. Desde su punto de vista, esto se resume en centralizar el poder de decisión en la economía, actuar a discreción.
Spiritto identifica en la ley, que ya comenzó a ser analizada por las comisiones de la constituyente, hay mucho de propaganda.
“El gobierno busca decirle a la gente que se toma en serio el cuento del bloqueo. De hecho en la ley, por ejemplo hay objetivos muy ambiciosos: Restituir las prestaciones de los trabajadores, reforzar su ingreso y la moneda. Pero el que más me llama la atención es proporcionar servicios públicos de calidad”, indica.
El politólogo, por otra parte, no descarta que el gobierno prepare una iniciativa de la deuda, para lo que requerirían todo el apoyo jurídico. Añade que podría estar gestándose un nuevo programa, una nueva iniciativa económica ante de las elecciones del 6 de diciembre.
A rienda suelta
El constitucionalista Juan Carlos Apitz destaca que, una vez más, se pretenden imponer leyes llamadas constitucionales bajo una nomenclatura jurídica inexistente. Pero además, de forma reiterada, la Constituyente (que según Maduro finaliza en diciembre de 2020) se aleja de su atribución de redactar una nueva Carta Magna para usurpar las funciones de la Asamblea Nacional (AN).
Para Apitz, el texto de la ley encarna varios aspectos graves. «Si había algún mínimo de legalidad en la actuación administrativa, con esta ley están dando autorización para terminar de hacer lo que les dé la gana. Primero, no hay control previo en la ejecución del presupuesto. El control es posterior y es por la Contraloría. Hay una cosa muy peligrosa porque ahí hablan de que el control de los actos lo hace la Contraloría. Yo entiendo que cuando dice actos, la ley está hablando de los administrativos que son los actos mediante los cuales la organización manifiesta su voluntad. Ese control lo va a hacer la Contraloría. Pero lo más importante aquí es que van a realizar gastos sin ningún tipo de control. Porque ellos pueden desaplicar cualquier ley del ordenamiento jurídico y lo hace el Ejecutivo nacional sin ningún tipo de límite«, advierte el jurista.
Este último aspecto también es puntualizado por el diputado Luis Stefanelli, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, quien refiere que el artículo 17 de la ley propuesta establece una absoluta discrecionalidad.
El artículo refiere que «cuando resulte necesario para superar los obstáculos, compensar los daños de las medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas punitivas que genere la actividad administrativa o cuando ello contribuya al patrimonio del Estado venezolano frente al gobierno, en situación de despojo o indemnización o de mitigar los efectos de medidas colectivas, el Ejecutivo nacional autorizará la desaplicación de normas legales”.
El abogado Apitz enfatiza que la propiedad privada, amparada por la Constitución, tampoco es reconocida por la ley antibloqueo.
«Yo no tengo porque pagar el precio de una expropiación, que nunca lo han hecho tampoco. Pero, digamos, ocupo los bienes y simplemente digo estoy en ejecución de esta ley. ¿Por qué? Porque estoy enfrentando las sanciones del gobierno americano. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Lo que están es simplemente legalizando la arbitrariedad», explica.
Recuerda que el argumento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que el Estado venezolano violenta derechos humanos, comete delitos de lesa humanidad y no observa el Estado de derecho. De allí que, advierte, con esta ley están dando una autorización para no cumplir con el Estado de derecho.
El constitucionalista resume la ecuación: «Yo creo que la dictadura se hizo ley. O sea, ahora la corrupción y el descontrol, la arbitrariedad es brutal».
Y negocios petroleros
El diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), recuerda que no hay ningún bloqueo hacia Venezuela, pues se pregunta como un país bloqueado poder ser tan prolífico en bodegones con productos importados; apreciación que es compartida por Manuel Sutherland, del Centro de Investigación y Formación Obrera, quien indica que Venezuela puede vender y comerciar casi todo «a través de triangulaciones poco eficientes y tristemente opacas”.
¿Hacia dónde apunta la ley antibloqueo? Para el diputado Alvarado resulta llamativo que en la ley propuesta se haga constante referencia al artículo 303 de la Constitución de 1999.
Este artículo señala que, «por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela».
«Lo más importante de la fraudulenta ley antibloqueo es que podría modificar los mecanismos de propiedad de Pdvsa. No extrañaría que el gobierno esté pensando en entregar gestión, quien sabe si la propiedad, de las refinerías venezolanas. Cuando pienso a quién se las entregaría, pienso en los iraníes. Tal como está planteada, se abren muchas preguntas sobre la entrega de Pdvsa a los iraníes», asegura el diputado Ángel Alvarado.
Asimismo, en el proyecto de ley se indica que «el Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, ha informado que con la «ley antibloqueo» se lograrán mecanismos novedosos. «Tenemos que hacerlos en silencio, para impulsar y promover inversiones extranjeras y darles seguridad jurídica a todos los empresarios nacionales y extranjeros”, justificó el funcionario.
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Sin transparencia
El diputado Luis Stefanelli cuestiona que la ley antibloqueo habla de una confidencialidad que se traduce en un estado de terror.
En efecto, en la propuesta se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano en el marco de la protección del Estado contra las medidas coercitivas unilaterales.
«Todo debería ser 100% transparente, pero ya desde 2006, montones de estadísticas e indicadores se han dejado de publicar, o dejado de estimar: índice de desabastecimiento o censo industrial. Parece que se profundiza el proceso de privatizaciones a la rusa, a la polaca. El remate secreto de activos en favor de la gran burguesía», indica Manuel Sutherland, del Centro de Investigación y Formación Obrera.
Stefanelli añade que en el artículo 27 de ley, de forma contradictoria, se convocan los derechos de aquellos a quienes les incautaron los bienes para devolvérselos. «Increíble. Ahí están restituyendo un derecho, pero en artículos anteriores pretenden abrir las puertas a quitarte cualquier derecho de la manera que les dé la gana», dice.
El parlamentario no duda en señalar que la «ley antibloqueo» es un panfleto.
«En cuanto al control que el gobierno puede ejercer o de algunas situaciones, la opacidad o la violación de derechos, es un avance. Pero en cuanto al país, esto es un panfleto. O sea, todo lo que enuncia que vamos a mejorar esto, que vamos a recuperar la economía, los salarios, es totalmente falso. Con esto lo que hacen es empeorar porque generan un sistema digamos de mayor inseguridad jurídica. Entonces, es una contradicción total», esgrime Luis Stefanelli.
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